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La historia del médico que les disparó y mató a tres personas, que al parecer lo estaban robando, ha despertado todo tipo de irresponsabilidades en el debate público colombiano. El Centro Democrático aprovechó para pedirle al presidente Iván Duque que modifique el decreto que limita el porte de armas; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se apresuró a ofrecer ayuda del Distrito sin tener todos los detalles de la investigación, y en las redes sociales se vio una preocupante emoción en torno a ideas que son apología a la justicia por mano propia. Síntomas de un país lleno de tensiones sociales.
El 30 de enero, en horas de la noche, un médico salió tarde del trabajo y fue interceptado por tres personas en un puente peatonal del barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. Según lo dicho por su abogado, el médico recibió golpes con la cacha de un revólver y fue atacado con arma blanca. También, dice, intentaron arrastrarlo hacia un vehículo. Por eso utilizó un arma que tenía en su poder y asesinó a los tres asaltantes. De acuerdo con el abogado, el médico “lamenta que las personas que lo atacaron hayan muerto. Era la vida de él o las de los demás”. Al día siguiente se presentó ante la Fiscalía y entregó el arma y el salvoconducto. Los hechos están en investigación.
Más allá del caso puntual, donde la pregunta es si, en efecto, se configuró la legítima defensa cumpliendo con el requisito de proporcionalidad a la respuesta, nos han llamado la atención las reacciones que ha generado.
Al poco tiempo de conocidos los hechos, la alcaldesa López dijo que “tenemos el reporte de lo sucedido y la Fiscalía y la Policía están adelantando hoy mismo la investigación con la persona que legítimamente se defendió”. También contó que el Distrito estaba considerando prestarle asesoría jurídica. ¿No es esto, acaso, una declaración intempestiva del área ejecutiva de la ciudad que interviene en las potestades de la justicia? De la Alcaldía se espera un respeto por las leyes y un actuar prudente, no declaraciones instantáneas que exculpen a alguien de hechos en disputa.
A otro nivel ha llegado el debate en términos de política pública. Tanto en redes sociales como en espacios políticos se ha visto este hecho como una muestra de la necesidad de flexibilizar las limitaciones al porte de armas. Ante un suceso trágico que afectó a todos los involucrados y las familias, parece que a muchos colombianos les parece atractiva la idea de poder ejercer justicia por mano propia. Eso es una violación peligrosa del Estado de derecho y una ligereza que debería causar reflexiones en un país con historia de violencia e irracionalidad.
La legítima defensa existe, sí, pero como un caso excepcional. No es, en ningún momento, una defensa de la justicia por mano propia. Sí, es cierto que los colombianos se sienten inseguros y que a menudo las autoridades se ven abrumadas por la cantidad de casos que deben procesar, pero las reglas existen para protegernos de la arbitrariedad. Armar a Colombia y celebrar situaciones como la ocurrida la semana pasada en Bogotá es abrir una puerta peligrosa que en el pasado ya le ha hecho mucho daño al país.
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