Cuidado con la represión

No hubo razón que valiera. El presidente Iván Duque firmó, con orgullo, el decreto que autoriza la incautación de la dosis mínima de droga por parte de la Policía. Comparten su confianza la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pues están convencidos de que esta medida permitirá, por fin, derrotar el microtráfico y proteger a los menores de edad. Mientras el prohibicionismo demuestra su ineficacia, o mientras se resuelven las primeras demandas contra el decreto por su posible inconstitucionalidad, es importante que el Gobierno esté pendiente de varios factores.

Más allá del debate sobre si la prohibición es el camino correcto en la guerra contra las drogas (en este espacio hemos defendido, en múltiples ocasiones, que no lo es), la nueva realidad de Colombia es que la Policía tiene la potestad de sancionar a quienes porten la dosis mínima. Entonces, harían bien las autoridades y el Gobierno en no descuidarse de los temores que académicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil han expresado por lo delicado del asunto.

Cada vez que la Policía (o cualquier representante estatal con capacidad de hacer uso de la fuerza) obtiene una nueva potestad, el ejercicio de ese privilegio debe realizarse con muchísimo cuidado, prudencia y demostrar que se hace en equidad. Solo así se puede garantizar que los derechos fundamentales de las personas no se vean vulnerados, tensionando la relación entre las autoridades y los ciudadanos.

Una de las principales preocupaciones sobre el decreto es que puede afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso, sería útil que el Gobierno y la Policía adopten reportes periódicos donde cuenten cuáles son las zonas de principales decomisos y cuáles son los motivos detrás de esas cifras. ¿Se tratará, en efecto, de un decreto que reprimirá a los colombianos más pobres?

Lo anterior va ligado, también, con las denuncias que operan contra la Policía Nacional por utilizar prejuicios al momento de definir a quién requisar. ¿Qué medidas está tomando la institución para garantizar que este nuevo poder no sea utilizado para oprimir a minorías históricamente perseguidas? ¿Cómo va a crear mecanismos de denuncia y reporte de estas actitudes? Además, ¿qué opciones se les van a dar a los ciudadanos para evitar abusos de la fuerza, que han ocurrido en el pasado? ¿Habrá pedagogía sobre esos mecanismos o solo sobre la prohibición?

Finalmente, aunque el decreto habla de la destrucción del material decomisado, surgen dos últimas preguntas: primero, ¿cómo se garantizará el debido proceso para la destrucción o basta con el criterio de la Policía? Segundo, ¿habrá reporte constante del material incautado y destruido de tal manera que los ciudadanos puedan, con total transparencia, ver que se está cumpliendo esa medida?

En el primer día del decreto, la Policía anunció que decomisó 543 gramos de marihuana, 12 de bazuco, ocho de cocaína, cuatro de “otras sustancias”, tres de base de coca y uno de heroína en todo el país. Además, expidió 652 comparendos por porte de sustancias prohibidas, 637 comparendos por comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 15 por actitudes que “afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”. Las ciudades donde más comparendos se impartieron son Bogotá (119), seguida de Medellín (73), Cali (67), Pereira (41) y Armenia (36).

Se trata, entonces, de un decreto que promete ser usado con frecuencia. Cuando la represión aumenta, también la carga de operar con justicia y total transparencia. ¿Estarán las autoridades a la altura del reto?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

No hubo razón que valiera. El presidente Iván Duque firmó, con orgullo, el decreto que autoriza la incautación de la dosis mínima de droga por parte de la Policía. Comparten su confianza la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pues están convencidos de que esta medida permitirá, por fin, derrotar el microtráfico y proteger a los menores de edad. Mientras el prohibicionismo demuestra su ineficacia, o mientras se resuelven las primeras demandas contra el decreto por su posible inconstitucionalidad, es importante que el Gobierno esté pendiente de varios factores.

Más allá del debate sobre si la prohibición es el camino correcto en la guerra contra las drogas (en este espacio hemos defendido, en múltiples ocasiones, que no lo es), la nueva realidad de Colombia es que la Policía tiene la potestad de sancionar a quienes porten la dosis mínima. Entonces, harían bien las autoridades y el Gobierno en no descuidarse de los temores que académicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil han expresado por lo delicado del asunto.

Cada vez que la Policía (o cualquier representante estatal con capacidad de hacer uso de la fuerza) obtiene una nueva potestad, el ejercicio de ese privilegio debe realizarse con muchísimo cuidado, prudencia y demostrar que se hace en equidad. Solo así se puede garantizar que los derechos fundamentales de las personas no se vean vulnerados, tensionando la relación entre las autoridades y los ciudadanos.

Una de las principales preocupaciones sobre el decreto es que puede afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso, sería útil que el Gobierno y la Policía adopten reportes periódicos donde cuenten cuáles son las zonas de principales decomisos y cuáles son los motivos detrás de esas cifras. ¿Se tratará, en efecto, de un decreto que reprimirá a los colombianos más pobres?

Lo anterior va ligado, también, con las denuncias que operan contra la Policía Nacional por utilizar prejuicios al momento de definir a quién requisar. ¿Qué medidas está tomando la institución para garantizar que este nuevo poder no sea utilizado para oprimir a minorías históricamente perseguidas? ¿Cómo va a crear mecanismos de denuncia y reporte de estas actitudes? Además, ¿qué opciones se les van a dar a los ciudadanos para evitar abusos de la fuerza, que han ocurrido en el pasado? ¿Habrá pedagogía sobre esos mecanismos o solo sobre la prohibición?

Finalmente, aunque el decreto habla de la destrucción del material decomisado, surgen dos últimas preguntas: primero, ¿cómo se garantizará el debido proceso para la destrucción o basta con el criterio de la Policía? Segundo, ¿habrá reporte constante del material incautado y destruido de tal manera que los ciudadanos puedan, con total transparencia, ver que se está cumpliendo esa medida?

En el primer día del decreto, la Policía anunció que decomisó 543 gramos de marihuana, 12 de bazuco, ocho de cocaína, cuatro de “otras sustancias”, tres de base de coca y uno de heroína en todo el país. Además, expidió 652 comparendos por porte de sustancias prohibidas, 637 comparendos por comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público y 15 por actitudes que “afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”. Las ciudades donde más comparendos se impartieron son Bogotá (119), seguida de Medellín (73), Cali (67), Pereira (41) y Armenia (36).

Se trata, entonces, de un decreto que promete ser usado con frecuencia. Cuando la represión aumenta, también la carga de operar con justicia y total transparencia. ¿Estarán las autoridades a la altura del reto?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.