Lo que el país necesita es más transparencia, vigilancia y ausencia de intervenciones inadecuadas para desviar los procesos democráticos. Echar al traste los pocos avances que se han conseguido gracias a la Ley de Garantías es seguir apoyando la pérdida de legitimidad de las instituciones y las elecciones. En medio de las valiosas discusiones que se han dado con ocasión de la reforma al Código Electoral, hemos visto con preocupación que haya defensores de eliminar las regulaciones básicas que han fortalecido nuestros procesos democráticos. Aunque a última hora y después del escándalo se eliminó el artículo que derogaba la Ley de Garantías, no podemos bajar la guardia. La lucha contra la corrupción y el abuso de poder debe ir más allá de promesas en el aire.
La Ley de Garantías ha sido esencial. Creada con ocasión de la introducción de la reelección presidencial, buscaba, en palabras de la Misión de Observación Electoral (MOE), “evitar que los recursos públicos y el poder de las administraciones municipales, departamentales y a nivel nacional sean puestos a disposición de las campañas electorales”. Una herramienta útil ha sido, por ejemplo, que cuatro meses antes de las elecciones no puedan suscribirse contratos ni ejecutar recursos adicionales. Esto, entendiendo que la chequera pública es una de las herramientas más utilizadas por los mandatarios para perpetuarse en el poder o alterar los procesos democráticos a favor de sus candidatos.
En Colombia son bien conocidas las cifras. Como lo han denunciado organizaciones de transparencia, cuando los alcaldes y gobernadores llegan elegidos es común que “reembolsen” las donaciones a sus campañas con contratación estatal. Por encontrarse en esa zona gris de lo que no es necesariamente ilegal, pero sí demuestra serios cuestionamientos éticos, en muchas regiones del país opera el “yo te financio, tú me contratas”. Los damnificados son los recursos públicos y la confianza de las personas en las instituciones.
En ese marco, la Ley de Garantías es una excelente herramienta para frenar abusos descarados de poder. ¿Es suficiente? Ha sido claro que no, pero la solución es seguir creando regulaciones estrictas, no eliminarlas bajo el falso argumento de que ya no hay reelección presidencial y el problema desaparece. En efecto, se eliminó la reelección, pero los políticos siguen buscando perpetuar su poder en cuerpo ajeno.
Un reclamo habitual de los alcaldes y gobernadores ha sido que esa prohibición les paraliza el último año de gobierno. Ante eso, la solución es un ajuste a la planeación y a cómo se entienden los plazos que tienen para contratar. La ley existe por un motivo y no se puede desmantelar solo porque los funcionarios no fueron capaces de organizar mejor sus gastos. Lo que ganamos es mucho en términos de seguridad.
La oposición política saltó ante la posibilidad de la eliminación de la ley. El senador Gustavo Petro dijo que “el dinero público fluirá en las campañas electorales”; Roy Barreras dijo que se facilitaría la “feria de contratos en los cuatro meses anteriores a elecciones y la utilización de bienes públicos para campañas en manos de un gobierno concentrador de poder”; Katherine Miranda dijo que “la Ley de Garantías da un aire de democracia a las elecciones”. Estamos de acuerdo. Y eso, precisamente, es lo que necesita Colombia: una democracia robusta, con protección y contrapesos a los abusos de poder. Hizo bien el Congreso en mantener la Ley de Garantías, pero ya hemos quedado avisados del interés por abolirla.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Lo que el país necesita es más transparencia, vigilancia y ausencia de intervenciones inadecuadas para desviar los procesos democráticos. Echar al traste los pocos avances que se han conseguido gracias a la Ley de Garantías es seguir apoyando la pérdida de legitimidad de las instituciones y las elecciones. En medio de las valiosas discusiones que se han dado con ocasión de la reforma al Código Electoral, hemos visto con preocupación que haya defensores de eliminar las regulaciones básicas que han fortalecido nuestros procesos democráticos. Aunque a última hora y después del escándalo se eliminó el artículo que derogaba la Ley de Garantías, no podemos bajar la guardia. La lucha contra la corrupción y el abuso de poder debe ir más allá de promesas en el aire.
La Ley de Garantías ha sido esencial. Creada con ocasión de la introducción de la reelección presidencial, buscaba, en palabras de la Misión de Observación Electoral (MOE), “evitar que los recursos públicos y el poder de las administraciones municipales, departamentales y a nivel nacional sean puestos a disposición de las campañas electorales”. Una herramienta útil ha sido, por ejemplo, que cuatro meses antes de las elecciones no puedan suscribirse contratos ni ejecutar recursos adicionales. Esto, entendiendo que la chequera pública es una de las herramientas más utilizadas por los mandatarios para perpetuarse en el poder o alterar los procesos democráticos a favor de sus candidatos.
En Colombia son bien conocidas las cifras. Como lo han denunciado organizaciones de transparencia, cuando los alcaldes y gobernadores llegan elegidos es común que “reembolsen” las donaciones a sus campañas con contratación estatal. Por encontrarse en esa zona gris de lo que no es necesariamente ilegal, pero sí demuestra serios cuestionamientos éticos, en muchas regiones del país opera el “yo te financio, tú me contratas”. Los damnificados son los recursos públicos y la confianza de las personas en las instituciones.
En ese marco, la Ley de Garantías es una excelente herramienta para frenar abusos descarados de poder. ¿Es suficiente? Ha sido claro que no, pero la solución es seguir creando regulaciones estrictas, no eliminarlas bajo el falso argumento de que ya no hay reelección presidencial y el problema desaparece. En efecto, se eliminó la reelección, pero los políticos siguen buscando perpetuar su poder en cuerpo ajeno.
Un reclamo habitual de los alcaldes y gobernadores ha sido que esa prohibición les paraliza el último año de gobierno. Ante eso, la solución es un ajuste a la planeación y a cómo se entienden los plazos que tienen para contratar. La ley existe por un motivo y no se puede desmantelar solo porque los funcionarios no fueron capaces de organizar mejor sus gastos. Lo que ganamos es mucho en términos de seguridad.
La oposición política saltó ante la posibilidad de la eliminación de la ley. El senador Gustavo Petro dijo que “el dinero público fluirá en las campañas electorales”; Roy Barreras dijo que se facilitaría la “feria de contratos en los cuatro meses anteriores a elecciones y la utilización de bienes públicos para campañas en manos de un gobierno concentrador de poder”; Katherine Miranda dijo que “la Ley de Garantías da un aire de democracia a las elecciones”. Estamos de acuerdo. Y eso, precisamente, es lo que necesita Colombia: una democracia robusta, con protección y contrapesos a los abusos de poder. Hizo bien el Congreso en mantener la Ley de Garantías, pero ya hemos quedado avisados del interés por abolirla.
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