El afán por alcanzar la “paz total” y la intención de liberar a integrantes de la llamada primera línea —que según miembros del partido de gobierno son “presos políticos”— no pueden llevar a Colombia hacia el autoritarismo ni mucho menos a un quiebre de la sana división de poderes. Eso es precisamente lo que sucedía con el proyecto de ley de orden público, pues le daba facultades extraordinarias al presidente que violaban la autonomía de la Rama Judicial, y eso es lo que parecen querer algunas personalidades del Pacto Histórico, como el senador Gustavo Bolívar, sin reparar en las nefastas consecuencias que esto puede traer.
Después de recibir críticas de distintos sectores, el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión acertada de retirar dos artículos del proyecto de ley de orden público. En uno se creaba la facultad para que el presidente Petro pudiera indultar a personas involucradas en delitos durante las protestas, con el objetivo de liberar a los miembros de la primera línea, una obsesión del petrismo incluso desde el discurso de victoria del actual mandatario. El otro artículo básicamente permitía que el presidente redactara a su antojo cómo iba a ser el sometimiento de grupos armados. Como escribió Ramiro Bejarano el domingo en El Espectador, las propuestas preocupaban por su “tinte antidemocrático, porque de ser aprobadas Petro sería una especie de presidente imperial”.
Ayer, el ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que retirarían los dos artículos y dijo: “El Gobierno considera que son temas que se deben debatir mucho más, que deben, además, ir en leyes especiales dedicadas al tema, particularmente el tema de las facultades de ley de sometimiento”. Hasta ahí, bien. El problema es que las tentaciones del autoritarismo no ceden.
Hablando con Blu Radio, la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, dijo que las personas de la primera línea capturadas son “prisioneros políticos” que han caído en “falsos positivos judiciales” y que “hay muchos jóvenes que por su ejercicio de la movilización fueron capturados, por una estigmatización de la juventud”. Mientras tanto, Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, anunció que incluirá un parágrafo en el proyecto de ley de orden público que dirá: “El presidente de la República podrá designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social, para lo cual podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura o de la medida de aseguramiento”.
Tenemos preocupaciones. Si en el Gobierno creen que hay prisioneros políticos, ¿dónde están las evidencias? ¿Quiénes son los jueces de la República que se prestaron para eso? ¿Y qué decir de los fiscales? Una acusación tan grave, que se presenta sin pruebas, es una ofensa contra la autonomía e independencia de la Rama Judicial. Por otro lado, ¿cuál es la justificación para que un presidente pueda burlar la división de poderes en estos casos específicos? ¿Acaso no puede el Gobierno dar acompañamiento en el marco del debido proceso constitucional que se está cumpliendo? Cuidado con el autoritarismo que se presenta como si tuviese buenas intenciones, pero va destrozando la institucionalidad.
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