Continúa en el Congreso la discusión de un acto legislativo que crea 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes por un período de ocho años para circunscripciones especiales de paz. Aunque hay preocupaciones serias y otras críticas cuyo propósito parece ser el obstruccionismo a la implementación del acuerdo, esta es una medida que merece el respaldo de los parlamentarios.
Contrario a lo que se dijo durante la campaña del plebiscito, estas curules no son para las Farc. De hecho, la lógica detrás de ellas no sólo es razonable, sino que implica el reconocimiento por parte del Estado de su ausencia en varias regiones del país. En el Acuerdo Final de Paz se estableció que “con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional (...) el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz”. Las mencionadas circunscripciones, que fueron elaboradas por el Ministerio del Interior, abarcan 167 municipios. Los criterios para definirlos fueron la presencia histórica del conflicto armado, la debilidad institucional y la desigualdad en la población.
Sin embargo, son varias las críticas que se le han hecho a la propuesta. Como el acto legislativo prohíbe que en estas elecciones se postulen personas de los partidos tradicionales, varios parlamentarios han expresado suspicacias. “Eso de que las Farc no van a presentar candidatos es un embuste que no se lo cree nadie. Esas zonas han tenido una presencia permanente y asidua de las Farc. Los que lleguen van a ser candidatos de las Farc”, dijo el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel. Al otro lado del espectro ideológico hay organizaciones que denuncian cómo en zonas como el Cesar lo que puede ocurrir es que se presenten alianzas de partidos de derecha que se disfracen de organizaciones campesinas.
La preocupación de la incidencia no es menor cosa. Si bien es cierto lo que dijo el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, de que “no podemos considerar que unas comunidades, por el hecho de vivir en zonas de conflicto o donde hay cultivos ilícitos son criminales”, el punto no es tan sencillo. Se lo dijo Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, a El País: “Nosotros tenemos un espejo que no podemos repetir, que es el de las curules afros e indígenas, que por elegirse en los territorios más lejanos, no queda claro cuáles ni a quiénes representan”. No podemos permitir que eso ocurra.
Dicho lo anterior, no nos parece adecuado que se permita a los partidos políticos presentar candidatos propios, como algunos senadores han propuesto para reformar el acto legislativo. Precisamente la ausencia de la institucionalidad en estos territorios, incluyendo a los partidos ya existentes, es lo que ha generado un déficit de representación. Si de verdad pueden establecerse reglas que garanticen que estas curules sean ocupadas por personas de estas regiones, lo que a su vez sirva para consolidar liderazgos y darle un empujón a la democracia, se entiende la acción afirmativa de exigir que no haya filiación política.
Son muchos los riesgos y el país no puede ser ingenuo a ellos. Pero invitamos a los congresistas a aprobar sin dilación este proyecto, a ver si en las urnas empezamos a llenar los vacíos históricos del Estado.
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Por El Espectador
