De la mano de los ex presidentes

El objetivo último de la Comisión es redactar un trascendental documento que habrá de ser presentado el próximo año en Viena, durante el encuentro ministerial que hará la ONU para evaluar la declaración política y los planes de acción adoptados en 1998, cuando la Sesión Especial de la Asamblea General sobre drogas planteó, de manera por demás ingenua, la idea de “eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera para el año 2008”.

Pese a algunos éxitos parciales, para nadie es un secreto que en el largo plazo la “guerra contra las drogas”, diseñada a partir de la política prohibicionista de los Estados Unidos, ha fracasado. Junto a la intensificación de medidas represivas —para no ir muy lejos, el presidente Álvaro Uribe insiste una vez más en penalizar el consumo mínimo, ya no con trabajos comunitarios sino con cárcel para los “criminales” que incurran en un “delito” que ha sido previamente tipificado por la Corte Constitucional como conducta propia del libre desarrollo de la personalidad—, se han destinado cuantiosos recursos a una lucha punitiva que no han logrado disminuir la oferta de las drogas declaradas ilegales.

En esta ocasión, al hacer énfasis en la relación entre democracia y drogas, se espera que la Comisión agregue a lo inútil de la estrategia prohibitiva, los efectos perversos de la misma. Si la Convención Única sobre Estupefacientes, realizada en 1961, estableció la prohibición universal de ciertas drogas aduciendo problemas sociales y de salud generados por la toxicomanía, la Convención de Viena de 1998 se centró en los vínculos que existen entre el tráfico ilícito, las otras actividades delictivas que se relacionan con él y el peligro que corren las economías lícitas, la estabilidad y la seguridad de los Estados.

Paradójicamente, la Convención de Viena de 1998 pretendía solucionar los problemas creados por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, pero mantuvo el enfoque prohibicionista. Con lo cual, aun cuando la lucha contra las drogas emanó de la preocupación por la salud pública, no han sido los consumidores —tratados ahora como criminales— quienes más se han beneficiado de las políticas ensayadas hasta el momento. Y a la vez, las instituciones de los países latinoamericanos afectados —entre los que México se encuentra ahora, como lo llegó a estar Colombia en la década de los 90, asediado por asesinatos selectivos y carteles de la droga que secuestran y torturan— se han visto gravemente afectadas.

Frente a esta dañina contradicción, reposa en los ex presidentes que lideran la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia la posibilidad de un cambio en el discurso. Si bien frente al controvertido tema de la legalización de las drogas no existe unanimidad entre académicos y especialistas y en su contra se ha dicho, quizás con razón, que ésta no sería necesariamente la solución definitiva al crimen organizado —como las mafias italianas nos lo recuerdan—, sí podría abrirse  paso a enfoques más humanos y estrictamente liberales que los puramente punitivos.

Pensar en políticas de reducción y regulación del daño ocasionado por el consumo, como lo han hecho algunos países europeos con éxito, es ya de entrada una recomendación que la ONU debería revisar con detalle. El estatus de ex presidentes del que gozan los tres líderes de la Comisión, y a ellos podrían vincularse otros, es un activo indiscutible que habrá de pesar a la hora de presentar el documento final.

Es hora de pensar en un cambio. Eventos como el que se celebra esta semana hacen pensar que Colombia no está sola ni es la única afectada por la imposición de una moralidad que ve criminales y terroristas en todo lo relacionado con las drogas consideradas ilegales. El año 2009, pese a todos los pronósticos, bien podría ver el nacimiento de una nueva política frente al tema.