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Las tres reformas principales que ha presentado o presentará en los próximos días el gobierno de Gustavo Petro cuentan tres historias distintas de estrategia política. La de la salud, la primera en la que decidió quemar sus cartuchos el presidente, se vendió como la más discutida en la historia republicana de Colombia, por parafrasear a la ministra de Salud, Carolina Corcho, pero en realidad se presentó sin mayor concertación y eso llevó a que Presidencia tuviera que dialogar mucho antes de poder dar el trámite en el Congreso. La segunda, la laboral, liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, recibe quejas por no socializar el proyecto con sectores afectados. La tercera, la pensional,, que se presentará la semana entrante, llega con algo que no hemos visto hasta ahora: una coordinación tranquilizadora del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Hacienda, liderado por José Antonio Ocampo. ¿Será señal esta última de que la Casa de Nariño está dispuesta a dejar a un lado su agresividad para conseguir reformas que le sirvan al país sin acudir a una mayor polarización? Ojalá.
Es difícil trabajar con las señales contradictorias que envía el Gobierno. Cuando se presentó la reforma a la salud en medio de muchas críticas, el presidente las demonizó y llamó a defender en las calles su proyecto. A tal punto llegó la confrontación, que varios partidos de la propia coalición de gobierno sirvieron de tatequieto para morigerar el articulado radical inicial. Lo único que se logró fue desgastar al Gobierno, al Ministerio de Salud en particular, y enrarecer el trámite de la reforma en el Congreso.
Frente a la reforma laboral había un ambiente menos tenso, a pesar de inquietudes bien fundadas con los cambios propuestos. La ministra Ramírez viene de lograr un aumento del salario mínimo concertado con todas las partes y se ve más dispuesta a negociar. Aunque algunos sectores que se verían especialmente afectados con la reforma han expresado que no fueron tenidos en cuenta, como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), cuyo presidente, Jaime Alberto Cabal, dijo que “tan solo algunos artículos, de los casi cerca de 80 que contiene el proyecto, fueron acordados por las partes”, esta propuesta llega para discusión en el Congreso de manera menos agresiva.
La reforma pensional, a su vez, siguió un camino mucho más concertado y llega al Congreso ya reducida en sus ambiciones, gracias al acuerdo entre Hacienda y Trabajo. Debería por lo mismo ser recibida de forma razonable, en tanto hay, por fin, un proyecto sobre el cual avanzar para no aplazar más la búsqueda de sostenibilidad, pero también de cubrimiento para tantos colombianos que nunca tendrán una pensión en el sistema actual.
De los tres caminos diferentes para tres cambios trascendentales y de cuidado en sus consecuencias, preferimos este último. Y no porque el cambio sea menor que en las demás reformas, sino porque creemos que estas deben incluir y tomar en cuenta los intereses de todos los colombianos. Decía esta semana con razón el presidente Petro que concertar no significa que un gobierno bajo un mandato de cambio se acomode para continuar haciendo lo mismo. Válido reclamo para quienes simplemente se niegan a abrir la puerta a pensar diferente y entender el significado de lo que sucedió en las elecciones el año pasado.
Se necesitan dos para bailar tango. Quienes se oponen y guardan temores fundados sobre las reformas del Gobierno deben comprender que la administración Petro tiene un mandato popular de cambio. Pero a la vez, el presidente y su gabinete han de entender que deben morigerar sus instintos más radicales si pretenden hacer cambios sólidos, de largo plazo y que sirvan al país entero.
Confiamos en que nuestros liderazgos sean capaces de sentarse a conversar y, sobre todo, a escuchar y entender las razones del otro. No tenemos mucho espacio, en un contexto difícil como el actual, para que Gobierno y oposición se mantengan en la comodidad de sus intransigencias.
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