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La burocracia del sistema de salud necesita humanizarse frente a la necesidad de realizar cirugías plásticas reconstructivas. Las autoridades de vigilancia del sistema, además, deben tomarse más en serio la necesidad de encontrar y desmantelar los lugares clandestinos donde se llevan a cabo procedimientos invasivos y riesgosos para las personas. Si partimos por comprender la importancia que tienen este tipo de intervenciones en las personas que las buscan, podemos reconocer la urgencia de políticas que dignifiquen a todos los involucrados.
Una sentencia reciente de la Corte Constitucional, anunciada en uno de sus comunicados de prensa, dijo que las EPS se están quedando cortas al momento de acompañar a los pacientes que se someten a procedimientos estéticos reconstructivos. El caso que ocasionó la tutela es un perfecto ejemplo de todo lo que está en juego y por qué es tan cruel la burocratización del sistema de salud. Una mujer de 37 años, afiliada a la EPS Sanitas, se sometió a una cirugía de manga gástrica para el tratamiento de su obesidad. Tras el procedimiento, dice el alto tribunal “se produjo en la paciente un exceso de piel en su abdomen, brazos y entrepierna, lo que le generó dolor, irritación, enrojecimiento y sensación de ardor constantes, sumado a problemas relacionales y de percepción de imagen”. Es decir, cayó en depresión por la manera en que se autopercibía como fruto de la intervención quirúrgica. Por eso, solicitó una cirugía plástica reconstructiva. El problema es que “los comités que estudiaron su caso estuvieron compuestos únicamente por cirujanos plásticos y, en consecuencia, negaron la cirugía sin tener en cuenta los diagnósticos sobre la salud mental de la paciente”.
Para la Corte, es fundamental recordar que el derecho a la salud incluye “la recuperación y el mejoramiento de las condiciones de la persona, siempre que sea posible”. Por eso, la orden fue que, en casos similares, todas las EPS deban conformar un comité médico interdisciplinario que permita hacer una completa evaluación física y mental del paciente al que se le hará la intervención. Nos permitimos elaborar más allá de la prudencia del alto tribunal: se les ruega a las EPS y a los profesionales médicos que rompan los prejuicios en torno a las cirugías plásticas, que suelen entenderse como un acto de simple vanidad, sin comprender cómo la apariencia física está íntimamente ligada a factores de bienestar de las personas.
El caso de Lorena Beltrán, documentado en El Espectador hace más de diez años y que llevó a denunciar a 42 médicos, muestra que el estigma es cómplice de malas prácticas. No tenemos que ir tan atrás en el tiempo. El pasado 10 de julio, Adriana Manotas Rodríguez, mujer de 52 años, falleció luego de presentar complicaciones de salud y ser trasladada a un centro asistencial por un procedimiento estético invasivo realizado en un local clandestino. En la revisión que hizo la Secretaría Distrital de Salud del lugar, encontró que en noviembre de 2025 había impuesto “dos medidas sanitarias de seguridad” contra el establecimiento y contra la persona que prestaba los servicios. ¿Por qué pudieron seguir operando? ¿Por qué Manotas Rodríguez sufrió por la falta de garantías? ¿Por qué ha sido tan difícil proteger a las personas que quieren acceder a cirugías plásticas?
A eso nos referimos con la falta de humanidad. Las autoridades necesitan redoblar los actos de vigilancia y de promoción para que las personas estén enteradas. Las EPS y todo el ecosistema de salud necesitan preguntarse primero por las personas antes de someterlas a burocracias que les niegan sus derechos. No las podemos llevar a la clandestinidad por la acumulación de obstáculos para recibir servicios de salud de calidad.
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