Debemos proteger a las parteras

La partería, aunque rechazada por cierto sector de la comunidad médica, es una gran herramienta contra la mortalidad materna. / Imagen de referencia: Ministerio de Cultura

Foto: Ministerio de Cultura

El Ministerio de Salud y la comunidad médica colombiana tienen una deuda fomentada por prejuicios, especialmente el racismo y el clasismo. Se trata de las parteras, mujeres que legalmente no están autorizadas para hacer acompañamiento en los partos, pero que en todo caso llevan siglos haciéndolo de manera segura y humana. Su labor, que se nutre de los conocimientos ancestrales y se posiciona como una alternativa a la en ocasiones hostil realidad del sistema médico tradicional, especialmente a su red hospitalaria, se encuentra en un limbo: pese a que cumplen con una función social esencial, no están protegidas. Lo vimos durante el COVID-19: siete parteras afiliadas a Asoparupa fallecieron durante la pandemia esperando que el Gobierno les otorgara la misma protección que a los profesionales de la salud.

Esa desigualdad no podía continuar. Eso fue lo que reconoció la Corte Constitucional en una sentencia visionaria. Para el alto tribunal, “la partería es una manifestación de la pluralidad de la nación y una forma de protección de los derechos reproductivos de las mujeres que pertenecen a las comunidades en donde se ejerce este saber”. Por eso y por ser un Patrimonio Cultural de Colombia, el Ministerio de Salud está en la obligación de protegerlas, vincularlas al sistema de seguridad social y abogar por su profesionalización. El Congreso también deberá legislar sobre la partería, “con el fin de proteger los derechos fundamentales de quienes la ejercen”.

Esto debió haber ocurrido hace mucho tiempo en Colombia. Los motivos para no hacerlo están plagados de desconocimiento. Por ejemplo, desde la comunidad médica se ha dicho que es irresponsable permitir a personas sin educación formal estar en procedimientos complejos. Sin embargo, la realidad es que estas mujeres, si contaran con el apoyo adecuado, están más que preparadas para la tarea. Basta con ver lo que dice el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): “Las parteras salvan vidas. Si todas las parteras fueran capacitadas formalmente, podrían evitar aproximadamente dos tercios de todas las muertes maternas y neonatales, según el reciente informe “El estado de las parteras en el mundo”. También podrían prestar el 87 % de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. No obstante, solo el 42 % de las personas con conocimientos de partería trabajan en los 73 países donde ocurren más del 90 % de las muertes maternas, neonatales y casos de mortinatos”.

Entonces, Colombia está entre la negación de la realidad material, pues las parteras seguirán prestando un servicio esencial, o lo que pide la Corte Constitucional, establecer regulaciones que permitan alternativas al sistema hospitalario al momento de los partos. Entendemos la resistencia por los prejuicios y los intereses económicos que a menudo se disfrazan de argumentos científicos, pero la evidencia es abrumadora a favor de la partería. No solo, además, como un reconocimiento cultural, sino como una medida efectiva para mejorar el acceso a cuidados de calidad y humanos.

Bien por la Corte Constitucional. ¿El Congreso y el Ministerio de Salud darán también un paso adelante? Podemos reducir la mortalidad materna y proteger a mujeres que le sirven al país. No debería ser una decisión difícil.

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