Siete años (ochenta y cuatro meses). Ese será el tiempo que el adolescente de 15 años que asesinó a Miguel Uribe Turbay deberá permanecer privado de la libertad en un centro de atención especializada. Su condena, producto de la aceptación de cargos, generó respuestas airadas en el país. Miguel Uribe Londoño, padre del senador, dijo que la decisión “es un insulto a Colombia, es un insulto a la sociedad, un insulto a los colombianos. Ese sicario sabía lo que estaba haciendo, él no es un niño”. Víctor Mosquera, abogado que representa a la familia Uribe Turbay, expresó: “Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”. Incluso para observadores que no tenían relación directa con la víctima, el hecho indigna. ¿Siete años por una vida silenciada para siempre? Lo que nos lleva a una pregunta de fondo: ¿de qué hablamos cuando buscamos sancionar penalmente a alguien que comete un crimen atroz?
Colombia es dada al populismo punitivo. Lo hemos denunciado una y otra vez. Conocemos la dinámica: ocurre algo terrible y la solución es pedir penas cada vez más severas. Se ve en la justicia penal una oportunidad de retribución parecida a la venganza. Esa postura se ha impuesto, por cierto. Eso no soluciona los problemas del sistema de justicia, asfixiado por la falta de recursos y colapsado por la cantidad abrumadora de casos que debe tramitar, pero quizás en la mente de la mayoría de los colombianos ese no es el punto.
No son divagaciones. Todas esas consideraciones, que también apuntan a qué tipo de sociedad queremos tratar de ser, se ponen en dolorosa evidencia al hablar del caso del sicario que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay. Siete años suena muy poco. Lo reconocemos. También genera un incentivo perverso, pues los grupos criminales reclutan menores de edad y les prometen que la justicia los tratará de forma amable porque cree que pueden resocializarse. Allí donde nuestro Código Penal abre la mano de la esperanza, los criminales se aprovechan con cinismo. Lo dijo Yesid Reyes en una columna para este diario: “No parece correcto sostener que quien mata a otro 15 minutos antes de alcanzar la mayoría de edad no era consciente de lo ilícito de su proceder”.
El experto penalista propone “la posibilidad de que, a través de dictámenes periciales, se pueda verificar si quien no ha alcanzado esa edad dispone ya de las competencias necesarias para entender que la conducta que realizaba constituía un delito y, pese a ello, la ejecutó”. Es decir, que en cada caso se responda una pregunta: ¿el adolescente sabía lo que estaba haciendo? Reyes dice que esto no es cuestión de prevención, sino de permitir al Estado castigar los peores crímenes de manera adecuada. Lo que nos regresa a la pregunta: ¿qué es una sanción “adecuada? Siete años son pocos, sin duda, pero ¿cuántos serían suficientes? Con el dolor humano de por medio, es una pregunta muy compleja de responder.
¿Y la resocialización? Como sociedad, ¿nos rendimos con este adolescente y con tantos otros que fueron reclutados para crímenes atroces? Nuestra democracia liberal debe responder de forma contundente que no. Sabemos que los procesos de acompañamiento, educación y oportunidades funcionan. Empero, requieren recursos en medio de un sistema en crisis. Con todo, si queremos hablar de justicia, la conversación no puede empezar ni terminar en la tasación de las penas, sin importar que hablemos de menores de edad o de adultos.
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