Una de las luchas contra la corrupción más importantes que se están librando en Colombia es en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Hace apenas unas meses tuvimos que dedicarle este mismo espacio a la cruzada de su director, Augusto Rodríguez, y de la Fiscalía contra los criminales que parecen haber infiltrado la entidad en su esencia; ahora es necesario volver a pedir que los reflectores del país entero se concentren en lo que ocurre. Las amenazas de muerte contra el director y dos funcionarios más de la UNP y sus familias son una terrible evidencia de que las denuncias que se han hecho están tocando fibras sensibles. Es momento de rodear con vehemencia la purga que se está dando.
La situación en la UNP es nefasta. Gracias a las investigaciones de la Fiscalía y las denuncias lideradas por el director Rodríguez, sabemos que la entidad encargada de proteger a las personas con más riesgo en el país está infiltrada por organizaciones criminales. Los vehículos de la entidad han sido utilizados para transportar drogas, se ha falsificado la indumentaria oficial para saltarse las revisiones policiales y hay todo un aparato burocrático propenso a la corrupción que no quiere ceder ante la búsqueda de más transparencia. En marzo tuvimos que hablar de cómo cuatro sicarios dispararon contra el vehículo del director Rodríguez; ahora, al finalizar la semana pasada, la UNP compartió un correo donde amenazan a su familia y le exigen que no continúe sus labores de investigación. No vamos a reproducir el contenido del mensaje, pero es evidente que se debe tomar con total seriedad. También es señal de que la cruzada va por buen camino.
Lo dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, al responder a la denuncia de amenaza. “Esto es lo que llamamos el régimen de la corrupción. Se descubre la mafia que está al interior de la UNP y así responde”, escribió en su cuenta de X. Al mismo tiempo, Juliette de Rivero, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo: “Apoyamos el trabajo que está haciendo la Unidad Nacional de Protección de limpieza de la corrupción de la institución y de mejorar los servicios para proteger a las defensoras y los defensores de derechos humanos de este país”, y también le pidió a la Fiscalía priorizar la investigación de lo ocurrido. El ente investigador respondió con celeridad. En un comunicado, dijo que hay un grupo especial investigando el origen de las amenazas y que, “de manera inmediata, le solicitó al Ministerio de Defensa un refuerzo urgente del esquema de seguridad del funcionario”. La reacción institucional no podría ser de otra manera.
No deja de ser paradójico que el director de la Unidad Nacional de Protección necesite ser cuidado de personas dentro de la misma entidad, pero ese es el nivel de degradación al que hemos llegado. También es señal de que el problema se dejó crecer a lo largo de los años. Por eso mismo es tan importante que las investigaciones de la Fiscalía den resultados cuanto antes. La UNP necesita transparencia; el terror no puede triunfar.
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