Deber de intervenir

Todavía estamos a tiempo antes del cambio irreversible, que es la forma como se manifiesta el deterioro ambiental en los lagos.

El asunto sobrepasa a las autoridades ambientales regionales y los municipios, pues las urgentes soluciones se siguen dilatando, en medio de una amplia agenda ambiental no priorizada y con un dudoso horizonte de ejecución.

Insuficientes han sido las alertas tempranas de los grupos ciudadanos, que han recibido eco internacional, y de algunos estudios científicos. El asunto es de interés nacional, porque Colombia tiene sólo cinco lagos de altiplano, de los cuales sólo La Cocha, en Nariño, tiene protección específica. Sibundoy, en el valle de su nombre, ya fue desecado, y Fúquene está gravemente enfermo. Tota aún puede salvarse, antes de que el exceso de nutrientes en las aguas provenientes de una agricultura sin manejo ambiental, del agua servida de los municipios mal tratada y de la proliferación del cultivo de truchas dentro del lago, precipiten un cambio ambiental.

En algunas orillas y desembocaduras de quebradas, cubiertas anormalmente de vegetación, ya se anuncia esa transición. La muerte masiva de truchas del año pasado es un claro síntoma de la disminución de los niveles de oxígeno en las aguas. Ha faltado orientación o determinación de la autoridad ambiental, que tiene todos los mandatos e instrumentos para intervenir.

Pero la crisis del lago de Tota va más allá. Es de gobernabilidad de un bien público ambiental, frente a los intereses ligados con las actividades económicas. Quienes tienen que decidir, de una u otra forma están relacionados con los beneficios económicos que produce el lago. No es un caso único, y en sí mismo no debería ser perverso: hay sectores económicos representados en las juntas directivas de las CAR y por supuesto los alcaldes no son ajenos a los intereses económicos.

Pero en no pocas ocasiones su actuar resulta capturado por los intereses privados que representan. Y esto es lo que aparentemente sucede en el lago de Tota. No se trata de prohibir las actividades económicas, sino de enmarcarlas claramente dentro de límites de manejo prudente del ecosistema. Alguien habló de declarar el lago parque nacional, en un claro desconocimiento del régimen de manejo necesario para lograr un equilibrio económico y ecológico.

Por eso, además de aplicar la legislación ambiental, es necesario manejar el lago bajo una figura integradora, como sería la de humedal Ramsar de importancia internacional. Pero allá algunos piensan equivocadamente que esta denominación es antagónica con la económica local. Justamente la Convención Ramsar en el día de los humedales de este año está promoviendo una reflexión sobre la relación entre humedales y agricultura. Oportunidad en Tota para iniciar la reconversión ambiental de la agroindustria de la cebolla, motor económico básico de la región.

Son varias centenas de miles de millones de pesos de un mercado que podría además entrar en una trayectoria de gestión de calidad. No son pues sólo las 12 aves nativas, algunas de ellas endémicas y las 14 migratorias que hacen del lago su hogar. Son los cerca de 400.000 ciudadanos que hacen uso directo del agua para uso, lo cual además claramente determina la prioridad de su manejo. Hay que establecer también un presupuesto hídrico para el lago, antes de continuar el riesgoso experimento de extracción del recurso hídrico sin conocer límites. No se trata sólo de programar recursos públicos suficientes, pues también hay un Conpes para la laguna de Fúquene, que no ha logrado cambiar la trayectoria de deterioro. Se trata de tener una visión clara de las oportunidades para el desarrollo local que emanan de un lago sano, antes de iniciar la incierta senda de recuperación ambiental. La importancia nacional del lago de Tota requiere una intervención del más alto nivel y antes de que sea tarde.

Temas relacionados

 

últimas noticias

Debemos priorizar una ley migratoria

La necesaria doble instancia

Y mientras debatimos, la paz avanza