Si a usted le dijeran que en un periodo de tan solo cinco años se duplicaron los casos de depresión y de ansiedad, particularmente en las niñas, así como los reportes de urgencias por autolesiones, ¿no pensaría que estamos en medio de una crisis que necesita medidas urgentes? Eso fue precisamente lo que ocurrió en el mundo entre el 2010 y el 2015, según cifras de países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, con el agravante de que la tendencia sigue en aumento. Con una particularidad: de lejos, las más afectadas son las personas jóvenes, hoy menores de 19 años, y que hacen parte de lo que se conoce como la Generación Z (nacidos entre 1995 y el 2010, aunque otras mediciones lo toman entre 1997 y 2012). No es coincidencia que hayan sido los primeros niños y niñas que llegaron a la pubertad en un mundo plagado de teléfonos inteligentes y redes sociales.
Estudio tras estudio, los psicólogos (principalmente estadounidenses, hay que decirlo, por la disponibilidad de recursos de investigación que tienen) han mostrado como la aparición de las redes sociales y la popularización de los teléfonos inteligentes acompaña un deterioro en la salud mental de los más jóvenes. Ese es el argumento central del libro reciente de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, dónde el psicólogo social muestra cifra devastadora tras cifra devastadora para prender las alertas. En el parecer de Haidt, la sociedad basada en teléfonos inteligentes arruina el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y deberíamos tomar medidas prohibicionistas antes de los 16 años. En síntesis, por más publicidad en contrario que Meta, ByteDance y similares produzcan, las redes están causando ansiedad y depresión en los jóvenes, especialmente en las niñas. Es necesario hacer algo.
Es en ese marco que Australia se acaba de convertir en el primer país en prohibir que los menores de 16 años tengan acceso a redes sociales. Colombia tiene un proyecto de ley, propuesto desde el uribismo pero con apoyo amplio que incluye al gobierno de Gustavo Petro, para que nos convirtamos en el segundo país en hacerlo. De volverse ley, los menores de 14 años no podrían tener cuentas en redes sociales y si las empresas tecnológicas no cumplen, se expondrían a sanciones.
El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dijo que “lo primero que debemos hacer es que esté prohibido el uso para que los padres de familia tengan la conciencia de que eso no se debería permitir”. En otra entrevista dijo que “está científicamente comprobado que las redes sociales generan ansiedad, estrés, depresión y baja autoestima en los menores, además de exponerlos a ciberacoso y otros riesgos significativos”. Es cierto.
Hay aquí, sin embargo, dos debates distintos. El de la relación entre redes y salud mental nos parece más que saldado. Por puro principio de precaución, todos los padres y madres de Colombia deberían tomar medidas para interrumpir los círculos viciosos de las redes sociales. Construidas para ser adictivas, se parecen a los casinos, y eso lleva a que la aproximación sea desde la prudencia.
Dicho lo anterior, no es claro que sea el Estado el llamado a prohibir el acceso a internet de sus ciudadanos ni tampoco qué herramientas puede utilizar. En Australia, los críticos han mencionado que exigir verificación en las redes sociales puede llevar a una hipervigilancia, a cortar principios como la neutralidad de la red y a tener poca eficiencia. En síntesis, la prohibición tiene impacto simbólico, más no tanto práctico y sí abre preguntas sobre los derechos fundamentales en juego.
Sería más útil, por ejemplo, que desde el Ministerio de Educación se tomen medidas para regular el uso de teléfonos inteligentes en los colegios, como ya han hecho varios colegios privados en el país. Esto debe ir acompañado de campañas culturales de pedagogía, tanto para padres y madres como para los niños y las niñas. Este es un reto enorme y la respuesta de la sociedad necesita ser integral.
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