Debilitando al Estado no se avanza hacia la “paz total”

Asistimos a un envalentonamiento de los criminales, que se suma a narcotraficantes intentando colarse en los procesos. Hasta ahora mucha zanahoria y poco garrote.

Foto: EFE/Defensoría del Pueblo - Defensoría del Pueblo

Sin seguridad y presencia vehemente del Estado no hay “paz total”. El asesinato del subintendente de policía Ricardo Arley Monroy Prieto y el secuestro de por lo menos 79 policías después de unas protestas, en San Vicente del Caguán, Caquetá, muestran no solo la capacidad de influencia de los grupos ilegales, sino la debilidad de un Gobierno que no ha sabido articular la labor de la Fuerza Pública con sus intentos de negociación. Vemos en el territorio nacional un envalentonamiento de los criminales contra los uniformados desmoralizados, lo que se suma a las preguntas abiertas sobre los narcos que han intentado colarse en los procesos que adelanta la administración de Gustavo Petro. Si no hay un ajuste de prioridades, al país le esperan más tragedias como la que vimos esta semana.

¿Estamos fortaleciendo un escenario de “paz total” o el Estado viene abandonando sus funciones y permitiendo que las asociaciones criminales cobren fuerza? Esa pregunta, que en ningún momento quiere poner en duda la necesidad de una apuesta por la paz o la conveniencia del diálogo para encontrarla, es la que resume los meses del gobierno del presidente Petro. Sin negar que la política de seguridad de la administración de Iván Duque fue un fracaso y ayudó a la situación de crisis en la que estamos, desde la llegada al Ministerio de Defensa de Iván Velásquez las noticias siguen siendo macabras. ¿Cómo es posible que decenas de policías sean enviados sin suficiente previsión y terminen secuestrados solo por hacer su trabajo en esas manifestaciones? ¿Y por qué se ve tan débil al Gobierno en su respuesta y capacidad de negociación?

Son varios los sapos que el país ha tenido que tragarse por la “paz total” y todavía ni siquiera hemos llegado a una propuesta de negociación conocida. Al reconocimiento como interlocutor político en Iván Márquez, quien traicionó lo pactado en La Habana y decidió seguir asesinando y colaborando con el narcotráfico, se suma el escándalo de esta semana con la familia del presidente Petro. De antes ya venían los rumores sobre personas cercanas a la Casa de Nariño ofreciendo amnistías a cambio de dinero, sin tener autorización, y la petición de investigar a Juan Fernando Petro y a Nicolás Petro por estos hechos, que hizo el propio presidente, parece confirmar las peores sospechas. Con todo esto, es muy difícil construir legitimidad de los procesos de paz ante la ciudadanía.

Tenemos que volver a lo esencial: si las personas no están seguras y si el Estado no les puede garantizar sus derechos, la institucionalidad entera se debilita. Los procesos de paz necesitan una dosis de garrote y zanahoria, fuerza de las autoridades sumada a incentivos para que los criminales dejen las armas. Hasta ahora, sin embargo, hemos visto mucha zanahoria y poco garrote, lo cual se suma a una Fuerza Pública desmoralizada y confundida. Fórmula para el fracaso en los objetivos del Gobierno.

No podemos subestimar el poder que tienen los grupos al margen de la ley en Colombia. Tampoco el desespero que son capaces de generar en las personas, abriendo el espacio para que los discursos radicales de la ultraderecha guerrerista inunden el debate público. El Gobierno debe enmendar el rumbo y tener una política de seguridad más clara y eficiente. Para que las tragedias no sigan saturando los titulares.

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