Debilitar el periodismo solo conviene a unos pocos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) parece haber recobrado un poco de la sensatez que ha venido perdiendo de manera progresiva en lo concerniente a la libertad de expresión y de prensa. Después de una nefasta decisión expedida por la Sala de Casación Civil de ese tribunal, en la que le exigía a la revista Dinero publicar en medio de un juicio la identidad de una fuente que había pedido ser anónima, la Sala de Casación Laboral admitió el error y recordó que la reserva de la fuente es un derecho fundamental del ejercicio periodístico. Sin embargo, no hay mucho para celebrar, pues la decisión fue preocupantemente apretada (hubo tres salvamentos de voto) y los magistrados están muy cerca de unirse al coro de voces que desde distintas posiciones de poder quieren debilitar la labor del periodismo nacional.

El caso contra Dinero y Publicaciones Semana (los dueños de la revista) comenzó, como es común, por la incomodidad de alguien con poder. Cuando en el 2013 se publicó el artículo “Los Pecados de Eike”, la exviceministra de Agua, Leyla Rojas, argumentó que la estaban perjudicando de manera ilícita. En el estudio del caso, el magistrado Eulin Abreo Triviño les ordenó a los periodistas que enviaran los correos en los que se basaron para hacer señalamientos en contra de la exviceministra. Ellos, alarmados, le pidieron a la CSJ que les permitiera enviar las comunicaciones con el nombre de la fuente omitido, para no violar la solicitud de anonimidad. Pero el tribunal dijo que era necesario revelar la fuente porque, en sus palabras, los periodistas no pueden “arrasar con derechos individuales (como) la intimidad y el honor”.

En otras palabras, el precedente ilógico que pretendía sentar esa sentencia es que cuando hubiese sospecha (ni siquiera condena en firme) de violación a esos derechos, la libertad de prensa debería ser limitada. Eso es cambiar los principios constitucionales al antojo de los magistrados.

La sentencia de segunda instancia de la CSJ es más sensata. En ella, los magistrados reconocen que la reserva de la fuente “es una herramienta que permite el ejercicio del periodismo y la protección de las libertades de expresión e información, en tanto conforman uno de los núcleos de la democracia”. Además, dicen que “la actividad de los medios de comunicación, y en especial de los periodistas, reafirma la importancia de proteger el derecho a la reserva en su trabajo investigativo, como ‘aspecto esencial de la actividad del comunicador’, el cual sería imposible ejercer debido a que las fuentes no accederían en muchos de los casos a otorgar la información si no se les asegurara la reserva”.

No vamos a aplaudir que los magistrados cumplan con su deber y el espíritu de la Constitución. Es lo mínimo que se espera. Preocupa, más bien, que no hayan sido todos y en la CSJ abunden los togados que vean con desprecio esta protección, uniéndose a tantas otras voces que no se cansan de encontrar maneras para debilitar el trabajo de los periodistas.

La libertad de expresión está bajo ataque y, lo que es peor, parece que estamos perdiendo la batalla. En este mundo de populistas desenfrenados, los medios y los periodistas nos hemos convertidos en el enemigo número uno; cargando encima el estigma de producir “fake news”, de no hacer bien nuestro trabajo o, en el peor de los casos, de ser herramientas al servicio de intereses particulares.

No vamos a negar que cometemos errores. Los cometemos a menudo, y graves. Pero la ciudadanía no puede olvidar que sin un periodismo protegido, la oscuridad, cómplice del autoritarismo y de la impunidad, prevalece. Desconfíen de los caudillos y funcionarios que estigmatizan a la prensa, pues su discurso es sencillo: no le crean a nadie que no seamos nosotros. Desconfíen de los magistrados que se rasgan las vestiduras por los derechos a la intimidad, pues ocultan que están fomentando un público menos informado y unas fuentes asustadas que prefieren callar a ser delatadas. ¿Quién gana en la comodidad de un país donde los artículos periodísticos no incomodan a nadie y donde los periodistas están amordazados, ya sea por la justicia o por los discursos populistas que mandan a sus ejércitos en contra nuestra?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) parece haber recobrado un poco de la sensatez que ha venido perdiendo de manera progresiva en lo concerniente a la libertad de expresión y de prensa. Después de una nefasta decisión expedida por la Sala de Casación Civil de ese tribunal, en la que le exigía a la revista Dinero publicar en medio de un juicio la identidad de una fuente que había pedido ser anónima, la Sala de Casación Laboral admitió el error y recordó que la reserva de la fuente es un derecho fundamental del ejercicio periodístico. Sin embargo, no hay mucho para celebrar, pues la decisión fue preocupantemente apretada (hubo tres salvamentos de voto) y los magistrados están muy cerca de unirse al coro de voces que desde distintas posiciones de poder quieren debilitar la labor del periodismo nacional.

El caso contra Dinero y Publicaciones Semana (los dueños de la revista) comenzó, como es común, por la incomodidad de alguien con poder. Cuando en el 2013 se publicó el artículo “Los Pecados de Eike”, la exviceministra de Agua, Leyla Rojas, argumentó que la estaban perjudicando de manera ilícita. En el estudio del caso, el magistrado Eulin Abreo Triviño les ordenó a los periodistas que enviaran los correos en los que se basaron para hacer señalamientos en contra de la exviceministra. Ellos, alarmados, le pidieron a la CSJ que les permitiera enviar las comunicaciones con el nombre de la fuente omitido, para no violar la solicitud de anonimidad. Pero el tribunal dijo que era necesario revelar la fuente porque, en sus palabras, los periodistas no pueden “arrasar con derechos individuales (como) la intimidad y el honor”.

En otras palabras, el precedente ilógico que pretendía sentar esa sentencia es que cuando hubiese sospecha (ni siquiera condena en firme) de violación a esos derechos, la libertad de prensa debería ser limitada. Eso es cambiar los principios constitucionales al antojo de los magistrados.

La sentencia de segunda instancia de la CSJ es más sensata. En ella, los magistrados reconocen que la reserva de la fuente “es una herramienta que permite el ejercicio del periodismo y la protección de las libertades de expresión e información, en tanto conforman uno de los núcleos de la democracia”. Además, dicen que “la actividad de los medios de comunicación, y en especial de los periodistas, reafirma la importancia de proteger el derecho a la reserva en su trabajo investigativo, como ‘aspecto esencial de la actividad del comunicador’, el cual sería imposible ejercer debido a que las fuentes no accederían en muchos de los casos a otorgar la información si no se les asegurara la reserva”.

No vamos a aplaudir que los magistrados cumplan con su deber y el espíritu de la Constitución. Es lo mínimo que se espera. Preocupa, más bien, que no hayan sido todos y en la CSJ abunden los togados que vean con desprecio esta protección, uniéndose a tantas otras voces que no se cansan de encontrar maneras para debilitar el trabajo de los periodistas.

La libertad de expresión está bajo ataque y, lo que es peor, parece que estamos perdiendo la batalla. En este mundo de populistas desenfrenados, los medios y los periodistas nos hemos convertidos en el enemigo número uno; cargando encima el estigma de producir “fake news”, de no hacer bien nuestro trabajo o, en el peor de los casos, de ser herramientas al servicio de intereses particulares.

No vamos a negar que cometemos errores. Los cometemos a menudo, y graves. Pero la ciudadanía no puede olvidar que sin un periodismo protegido, la oscuridad, cómplice del autoritarismo y de la impunidad, prevalece. Desconfíen de los caudillos y funcionarios que estigmatizan a la prensa, pues su discurso es sencillo: no le crean a nadie que no seamos nosotros. Desconfíen de los magistrados que se rasgan las vestiduras por los derechos a la intimidad, pues ocultan que están fomentando un público menos informado y unas fuentes asustadas que prefieren callar a ser delatadas. ¿Quién gana en la comodidad de un país donde los artículos periodísticos no incomodan a nadie y donde los periodistas están amordazados, ya sea por la justicia o por los discursos populistas que mandan a sus ejércitos en contra nuestra?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.