Decisiones

Muy molesto vimos el martes de esta semana al presidente de la República, Juan Manuel Santos, por el escándalo de las presuntas interceptaciones a los negociadores de guerrilla y Gobierno que tratan de pactar la paz en La Habana que al parecer se planearon desde un remedo de restaurante en el barrio Galerías de Bogotá. ¿Quién hizo la operación? Miembros de inteligencia militar, todo indica.

Molesto, visiblemente afectado, salió nuestro primer mandatario a decir que rodarían cabezas y que investigaría a fondo para saber hasta dónde pudo llegar ese uso ilícito de la inteligencia y, sobre todo, quién lo hizo. Y cabezas rodaron de inmediato: fueron relevados el jefe de inteligencia del Ejército, Ricardo Zúñiga, y el director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército Nacional, Óscar Zuluaga. Sólida decisión.

Veinticuatro horas después, sin embargo, el mismo presidente salió a decir que la fachada operaba de forma absolutamente legal. ¿Y entonces, presidente, a qué parte de sus palabras debemos darle buen crédito? ¿Ya no rodarán (más) cabezas? ¿No se investigará a fondo? ¿No se encontrará al responsable? ¿Y qué decir a los plenipotenciaros en La Habana, chuzados por miembros del propio establecimiento que allá representan? ¿No pondrá esto en riesgo el proceso? ¿Era una operación normal, como dijo el presidente, para enfrentar a enemigos del Estado? ¿Es Humberto de la Calle enemigo del Estado? Oh, confusión.

Asombra, ante hechos tan serios, esa actitud del Gobierno de andar dando brinquillos indecisos frente a la opinión pública, como un niño que recibe un regaño. Hoy, sí; mañana, no; pasado mañana, depende. Preocupa, también y sobremanera, que eluda aclarar si sabía o no de las operaciones, tanto las que considera legales como las que se presumen ilegales.

Cualquier escenario es grave y la sociedad merece saberlo. Porque, si sabía, tendrá que explicar, de entrada, la licitud de dichas interceptaciones: ¿quién las autorizó? ¿Cumplieron con los principios bajo los cuales, según la Ley de inteligencia y contrainteligencia que han citado, debe procederse? Y si no sabía, peor: ¿quién, entonces, si no el presidente de la República, está ordenando una acción de tal envergadura?

Las voces suspicaces apuntan a militares fieles al expresidente Álvaro Uribe. ¿Y por qué no? ¿No ha revelado él datos secretos de operaciones militares, con coordenadas incluidas, o con posicionamiento de comandos del Ejército que han cesado al fuego? ¿No fue un “soldado” de su partido el que dio al país, anticipadamente, la información del primer acuerdo firmado entre las Farc y el Gobierno?

Más claridad, por favor. Se nos anuncian investigaciones cuidadosas pero ya con las contradictorias reacciones en cuestión de horas se intuye hacia dónde van dirigidas. ¿Manzanas podridas? ¿Periodismo apresurado? ¿Historia conocida? Ya en su momento se anunciaron investigaciones similares sobre la filtración de las célebres coordenadas de los helicópteros y todavía estamos esperando claridades. Si el ministro Pinzón no ha asumido el costo político de este escándalo con la renuncia que varios sectores le han solicitado, confiamos en que sea porque está decidido a jugarse su prestigio con resultados precisos y definitivos sobre lo que ha venido sucediendo con el espionaje militar, sin pretender defender lo indefensable. Y el señor presidente, mucho más allá de esos giros intempestivos de los últimos días, debe tomar este toro por los cuernos si no quiere que lo termine atropellando, a él, a su gobierno, a la paz por la que dice estar jugado...