Dejemos que la justicia actúe

La citación a indagatoria del senador y expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia es un examen a la madurez de las instituciones del país. Cometen un error los colombianos que se apresuran a prejuzgar y lanzan afirmaciones temerarias; es momento de prudencia, de confiar en la buena fe y en un proceso judicial que debe ser totalmente transparente.

En un comunicado de prensa que sacudió al país político, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció este martes que convocó a indagatoria al expresidente Uribe y al representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. El tribunal dijo que ambos están siendo investigados por presuntos sobornos y fraude procesal, por unas grabaciones que parecen indicar la manipulación de unos testigos.

El caso es, por supuesto, delicado. Por eso, es de celebrar que el expresidente Uribe haya anunciado su renuncia al Congreso por sentirse “moralmente impedido para ser senador” para ejercer. En este mismo espacio, en otras ocasiones, ya hemos discutido la necesidad de que los funcionarios que estén siendo investigados se aparten de sus cargos, no como un reconocimiento de culpa, sino como respeto a la institución. Es un acto de gallardía que celebramos.

Aunque voces expertas han argumentado que la renuncia es una estrategia jurídica para arrebatarle a la CSJ su competencia, el mismo Uribe dijo ayer que “la acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”. Confiamos en su palabra, mientras llega la decisión que tome el tribunal sobre ese asunto particular.

Por supuesto, por lo polémica que es la figura del expresidente, el oportunismo político y los radicalismos inundaron el debate. Sin embargo, sin importar de quién se trate, los colombianos no pueden olvidar que la presunción de inocencia es inviolable, y todavía estamos lejos siquiera de una acusación. Lanzar afirmaciones temerarias es sólo atizar el fuego de la polarización nacional y poner en riesgo la estabilidad institucional.

En ese sentido, el comportamiento de la CSJ ha sido, hasta ahora, el adecuado. Sabiendo que hay quienes intentarán deslegitimar su trabajo acusándola de tener intenciones perversas, sus magistrados deben ser transparentes y ofrecer garantías plenas. Aunque hay quienes exigen una medida de aseguramiento al expresidente, esta es a todas luces innecesaria y enviaría un mensaje muy equivocado. Todos los involucrados lucen comprometidos a respetar el debido proceso.

Finalmente, la respuesta del presidente electo, Iván Duque, es un ejemplo a seguir: sin dejar de expresar su confianza en el expresidente, dijo que “somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones”. Así es y así debe ser. Nuestro sistema otorga todas las opciones de defenderse y el país necesita saber qué ocurrió en el caso investigado.

Estamos sin duda ante una prueba de fuego para nuestras instituciones. Si mantenemos la necesaria cautela y cerramos los espacios al juego político irresponsable, las circunstancias están dadas para superarla a cabalidad. Dejemos que la justicia haga su trabajo y sea la que emita acusaciones y absoluciones.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

La citación a indagatoria del senador y expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia es un examen a la madurez de las instituciones del país. Cometen un error los colombianos que se apresuran a prejuzgar y lanzan afirmaciones temerarias; es momento de prudencia, de confiar en la buena fe y en un proceso judicial que debe ser totalmente transparente.

En un comunicado de prensa que sacudió al país político, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció este martes que convocó a indagatoria al expresidente Uribe y al representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. El tribunal dijo que ambos están siendo investigados por presuntos sobornos y fraude procesal, por unas grabaciones que parecen indicar la manipulación de unos testigos.

El caso es, por supuesto, delicado. Por eso, es de celebrar que el expresidente Uribe haya anunciado su renuncia al Congreso por sentirse “moralmente impedido para ser senador” para ejercer. En este mismo espacio, en otras ocasiones, ya hemos discutido la necesidad de que los funcionarios que estén siendo investigados se aparten de sus cargos, no como un reconocimiento de culpa, sino como respeto a la institución. Es un acto de gallardía que celebramos.

Aunque voces expertas han argumentado que la renuncia es una estrategia jurídica para arrebatarle a la CSJ su competencia, el mismo Uribe dijo ayer que “la acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”. Confiamos en su palabra, mientras llega la decisión que tome el tribunal sobre ese asunto particular.

Por supuesto, por lo polémica que es la figura del expresidente, el oportunismo político y los radicalismos inundaron el debate. Sin embargo, sin importar de quién se trate, los colombianos no pueden olvidar que la presunción de inocencia es inviolable, y todavía estamos lejos siquiera de una acusación. Lanzar afirmaciones temerarias es sólo atizar el fuego de la polarización nacional y poner en riesgo la estabilidad institucional.

En ese sentido, el comportamiento de la CSJ ha sido, hasta ahora, el adecuado. Sabiendo que hay quienes intentarán deslegitimar su trabajo acusándola de tener intenciones perversas, sus magistrados deben ser transparentes y ofrecer garantías plenas. Aunque hay quienes exigen una medida de aseguramiento al expresidente, esta es a todas luces innecesaria y enviaría un mensaje muy equivocado. Todos los involucrados lucen comprometidos a respetar el debido proceso.

Finalmente, la respuesta del presidente electo, Iván Duque, es un ejemplo a seguir: sin dejar de expresar su confianza en el expresidente, dijo que “somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones”. Así es y así debe ser. Nuestro sistema otorga todas las opciones de defenderse y el país necesita saber qué ocurrió en el caso investigado.

Estamos sin duda ante una prueba de fuego para nuestras instituciones. Si mantenemos la necesaria cautela y cerramos los espacios al juego político irresponsable, las circunstancias están dadas para superarla a cabalidad. Dejemos que la justicia haga su trabajo y sea la que emita acusaciones y absoluciones.

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