Del cultivo y el consumo al tráfico de drogas

Todo indica que el principio adoptado, la cero tolerancia frente al consumo, pese a la dosis mínima, y la incriminación moral como estrategia para convertir en criminales a los adictos, seguirá siendo aplicada de manera inflexible y sin rubor alguno. En su suicida batalla contra el flagelo de las drogas, Colombia, y en este caso quienes la gobiernan, no dan su brazo a torcer. Poco importa que tres ex presidentes acepten, de manera implícita, lo erradas que fueron sus propias políticas de represión cuando estaban en el poder. Es más, si de abrir el debate se trataba, la rapidez con que el Gobierno reaccionó exigiendo de su bancada un frente común contra la droga y la radicación del ya tradicional  proyecto para penalizar el consumo mínimo, eliminó la sola posibilidad de que los opositores ventilaran sus argumentos.

Poco importa que las últimas mediciones realizadas por el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU planteen un aumento en el área sembrada de coca, en 2007, del 27%; o que los ejemplos de países en donde la prohibición criminaliza la política y politiza el crimen, para retomar las palabras de Alfredo Rangel, se den silvestres en América Latina; o que el propio fiscal Mario Iguarán acepte, como también lo ha hecho en algunos de sus libros el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, que la penalización del consumo es innecesaria e improcedente por tratarse —en los casos límites, ya que del simple divertimento mejor ni hablar— de una enfermedad cuya cura difícilmente se logrará en cárceles con altos índices de hacinamiento que impiden siquiera considerar la resocialización; o que estudios serios y aparentemente objetivos, como el de la Universidad de los Andes que divulgó este periódico el fin de semana, corroboren sumas astronómicas invertidas en el Plan Colombia y resultados tan irrisorios como contradictorios.

Ningún dato, por contundente o verídico que pueda parecer, es aceptado por el Gobierno. La situación es tan frustrante que ya existe un acuerdo tácito entre académicos y expertos frente a la proverbial ceguera de la lucha contra las drogas, y todo ocurre como si la política y el saber estuviesen condenados a permanecer distantes. Es más, ha hecho carrera la aceptación de que algunas opciones que difieren de las aplicadas, aunque bienintencionadas y deseables, sencillamente no son viables políticamente. Y nadie revira. Por el contrario, líderes como el representante Nicolás Uribe, de quien se esperaría mayor sintonía y comprensión con la juventud que dice representar, nos anuncian que la penalización es “un elemento fundamental en la lucha contra la droga”.

Entre tanto, se insiste en que criminalizar sí es una opción políticamente viable. Y no sólo a los consumidores, que por lo pronto se encuentran amparados en la dosis mínima pero que igual son tratados como delincuentes que con sus conductas fomentan desde la quema de la Amazonia hasta a los grupos armados que secuestran, torturan y matan.

En síntesis, mientras el crimen organizado alimenta todo tipo de violencias y el estrepitoso fracaso de la política contra las drogas es reconocido por doquier, la única respuesta de nuestro gobierno consiste en ensanchar sus categorías prohibitivas hasta hacer de quien cultiva o consume la misma persona que trafica.