Sin embargo, y a pesar de la escalada de noticias, lo cierto es que la violencia ha cedido. El país pasó de 10 mil homicidios en las seis principales ciudades en el año 2002, a la mitad en menos de ocho años. Logro importante y significativo que amerita reconocimiento. Es injusto e inoportuno desconocer los avances en materia de seguridad que con esfuerzo se han conseguido. Pero reconocer no implica celebrar. Una cosa es entender que el país está de nuevo en manos del Estado y otra, muy diferente, aplaudir que las muertes violentas sean hoy “sólo” cinco mil. El camino que queda por recorrer todavía es largo y, peor aun, difícil. Y aunque no se trata de ser pesimistas, si las autoridades competentes no evolucionan a la misma velocidad que lo están haciendo las nuevas formas de delincuencia, lo alcanzado se verá rápidamente perdido, como se concluyó en el conversatorio de ayer en las instalaciones de El Espectador.
Para nadie es un secreto que el Estado está siendo lento, anticuado y burocrático ante las ágiles y sofisticadas bandas criminales. Las formas tradicionales de la lucha contra el crimen han dejado de ser efectivas. Es urgente identificar qué tipo de policía están requiriendo las ciudades, entrenarla y darle las herramientas para combatir el crimen. Herramientas que, entre otras, incluyen reformas al código penal que restauren el equilibrio de la balanza judicial, hoy volcado a favor de los delincuentes. No tiene sentido, por ejemplo, que se haya perdido el valor de la flagrancia, que las penas sean tan bajas que desaparezcan ante cualquier colaboración con la justicia o que la libertad no pueda privarse por un rango de tiempo suficiente para recolectar las pruebas. Como ya se había señalado en este espacio, el garantismo no puede significar dejar impune el crimen. Aunque es importante blindar a la población de los abusos de la Fuerza Pública, también lo es blindarla de los abusos de otros ciudadanos.
Sin embargo, aunque éstas y otras medidas sean necesarias para resolver el desequilibrio en la ley penal, y se requieran también de otras reformas para que los códigos tengan respaldo efectivo— correccionales serias de menores y un adecuado sistema de protección de testigos, por lo menos— las autoridades competentes están en la obligación de seguir ofreciendo resultados, a pesar de los obstáculos. El éxito de cualquier gestión consiste en saber valerse del sistema vigente. La alcaldesa de Cartagena contó ayer, por ejemplo, cómo ha logrado reducir en tres puntos porcentuales su tasa de homicidios, a pesar de que en lo corrido del año el resto del país viene aumentándola en diez. Con la misma legislación, pero convocando y coordinando a toda la institucionalidad local, ha podido mitigar en su ciudad la ola de violencia.
Así entonces, aunque se espera con expectativa el proyecto nacional de seguridad ciudadana que según se supo en el conversatorio presentará el Gobierno próximamente, no puede esperarse a que todas las reformas se implementen para dar resultados. La ilegalidad avanza muy rápido y ya debería estar aprendida la lección en un país que, por no tomar medidas a tiempo, perdió por años control de su territorio. No se puede dar espera. Si bien el crimen todavía no está desbordado, nada nos garantiza que no volvamos a los 90. El mapa delictivo es distinto, no se trata de grandes capos y sicarios sino de microtráfico, bandas criminales y nuevas tecnologías, escenario que no por distinto resulta menos peligroso. Es urgente que los gobiernos nacional y locales, al igual que la Policía, hagan lo suyo. La amenaza de un Estado fallido ha sido superada. Ahora el desastre de unas ciudades fallidas, que ayer quedó flotando en el ambiente, debe combatirse.
Por El Espectador
