En el sonado caso de Cajanal, un bufete de abogados, encabezado por los hermanos Cabrera Polanco —Armando y Ómar— y por Jeiner Guilombo Gutiérrez, tramitaba cuantiosas pensiones a partir de la compra de jueces y la elaboración de tutelas a favor de maestros que no se enteraban de que su nombre estaba siendo utilizado. Por este motivo, una nueva investigación hizo que Armando Polanco fuese llevado a la cárcel y en la actualidad se espera a que se realice su juicio. La sentencia de la Fiscalía, en su resolución de acusación, dice que “con las diversas pruebas se puede concluir sin lugar a equívocos que Armando Cabrera Polanco” y su socio, Jeiner Guilombo, lograron “defraudar a la Caja Nacional de Previsión por un monto que supera los 100.000 millones de pesos”.
Según cálculos posteriores, el desfalco de Cajanal le costó al país la suma de 500 mil millones de pesos.
En sus intervenciones ante la prensa, el político conservador incurrió en una serie de contraA ldicciones que habrán de ser evaluadas hoy en el Congreso. Lo primero que nadie entiende son las razones de fondo que llevaron a Andrade a asumir un pagaré con quien ya había sido investigado por la justicia. Pese a que fue de los pocos congresistas que realizaron un debate de control político por el tema de Cajanal, a finales de los noventa, según sus declaraciones, conocía del pasado delictivo de Ómar Cabrera Polanco, pero no de su hermano.
Tan grande fue la presunción de buena fe, que firmó dos pagarés completamente en blanco y recibió la suma de 250 millones de pesos en dinero líquido. Inicialmente aseguró que los canceló y posteriormente adujo que tan pronto supo de la captura de Polanco, en 2006, se dirigió ante la Fiscalía para intentar cancelar el resto de la suma que aún debe.}
No especificó la persona con la que habló y fue igualmente contradictorio en el destino final de los dineros que le fueron entregados. Primero dijo que no podía asegurar que el dinero hubiese sido utilizado con un objetivo “estrictamente electoral” y después afirmó que le dio un uso puramente comercial.
El congresista tiene el derecho, como cualquier otro ciudadano, de ser escuchado por las autoridades competentes. Pero mientras se aclara el malentendido, lo mínimo que podría hacer es renunciar a la presidencia del Congreso. Un órgano tan vapuleado como éste por el fenómeno de la parapolítica, difícilmente podría sostener en su cargo de mayor importancia a una persona que no ha sido lo suficientemente clara y contundente, hasta el momento, en sus respuestas.
Si actuó con ligereza, como “político endeudado y como político pobre”, que es como el congresista se define, igual habría de explicar las razones por las que posteriormente visitó en diversas ocasiones las directivas de Cajanal. Tramitar pensiones para los votantes de sus regiones, como se supone que se explican dichas reuniones, no es la labor que corresponda al presidente del Congreso. Es más, no debería ser la labor personal de ningún congresista. Y menos aun de quien dice interesarse en el control político de la corrupción.
Por El Espectador
