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No es tan sencillo tomar partido en el debate que surgió por el cambio de competencias para las tutelas que se dirijan al presidente de la República. Si bien es cierto lo que dicen tanto el Ministerio de Justicia como el mismo mandatario sobre la importancia de desconcentrar las funciones y democratizar un acto clave como es entutelar a la Casa de Nariño, también es extraño que esa modificación ocurra cuando el Gobierno ha venido estigmatizando las decisiones del alto tribunal que le son contrarias. Más que un acto democrático, entonces, se percibe una retaliación por las derrotas que ha sufrido el gobierno Petro en el Consejo de Estado.
En el gobierno de Iván Duque, durante el estallido social, que también vino acompañado de una avalancha de tutelas contra los actos de la Presidencia, se expidió un decreto que nombraba al Consejo de Estado como competente para estudiar esas acciones. Eso es lo que acaba de modificar el Ministerio de Justicia. Desde ahora, “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República (...) serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del circuito o con igual categoría”. Según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el objetivo es ayudar a desconcentrar las funciones. El presidente Gustavo Petro lo puso en términos más claros: “Creo que es asunto de democracia: el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República. Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena”.
Esa no es, sin embargo, la historia completa. El presidente Petro ha sido muy hostil al Consejo de Estado, pues siente que no tiene mucha acogida en sus decisiones. Su ministro de Justicia se estrenó con el “decretazo”, una “jugadita” que, además de saltarse las normas, buscaba obviar las competencias de ese alto tribunal. En la Casa de Nariño solo parecen respetar a la Corte Constitucional como interlocutor legítimo, y esta medida puede leerse como una estrategia para seguir modificando el equilibrio de poderes.
Así lo leyeron varios congresistas y, más importante aún, la Corporación Excelencia en la Justicia, que en un comunicado fue clara al argumentar que el cambio de competencia “solo puede interpretarse como una clara retaliación del Gobierno en contra de la más alta corte de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que pone en riesgo principios fundamentales, como la independencia y la autonomía de la Rama Judicial, todos ellos indispensables para la vida democrática de la sociedad colombiana”. La organización también advierte que la manera en que se hizo, sin concepto previo de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, puede viciar el decreto, lo que llevaría a su nulidad. Ese debate apenas comienza.
Es extraño, en todo caso, que la Presidencia de la República no tenga un juez específico y de alto nivel para las tutelas en su contra. Este mismo Gobierno defendió, de manera justificada, que la Comisión de Acusación era la única que podía investigarlo en el choque de trenes que hubo con el Consejo Nacional Electoral. Algo similar podría aplicarse en este caso: si bien no hay ley constitucional que limite las competencias sobre tutelas, tiene sentido pedir que el Consejo de Estado, tribunal de cierre en lo administrativo, sea el adecuado para estudiar con rigurosidad y profundidad las tutelas contra el presidente de turno. Se necesita, eso sí, una discusión más amplia, pero esos caminos de diálogo se cerraron en este Gobierno. Nos queda una decisión más que, más allá de propender por la democratización, se siente como una pelea personalista entre ramas del poder público.
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