Hace pocos días un grupo de congresistas presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar las asignaciones del Sistema General de Participaciones (SGP). En síntesis, busca que, de manera gradual, el Gobierno Nacional aumente el giro de impuestos que les hace a las regiones. Esto es parte de una discusión mayor sobre descentralización, que en los últimos meses se revitalizó gracias a la propuesta de Antioquia de llevar a cabo un referendo para que sean los departamentos los que cobren los impuestos de renta y patrimonio. Desde la administración de Gustavo Petro parecen decir “sí, pero no así”, pues su deseo es priorizar las regiones olvidadas en un acto de redistribución de la riqueza. Lo claro es que el centralismo ha ganado mucho terreno y ha dejado frustraciones en el camino.
Durante los incendios de hace algunas semanas, Iván Name, presidente del Senado y senador por la Alianza Verde, lanzó una frase lapidaria: “El centralismo no responde ni siquiera para apagar un incendio, porque no hay presupuesto para bomberos, para helicópteros, para nada. Nuestro atraso se debe a ese modelo paquidérmico”. Name es parte del grupo de congresistas que están impulsando varios proyectos para restarle fuerza a la centralización.
El diagnóstico del senador Name, aunque crudo, le apunta al corazón de alcaldes y gobernadores en todo el país. Felipe Jiménez Ángel, exfuncionario de la Alcaldía de Claudia López, lo explicó así para El Espectador: “La corriente centralista que ha reinado durante 30 años en este país ha arrinconado a los municipios y departamentos, y los ha obligado a depender de inversiones milagrosas de algún ministerio o de proyectos nacionales en sus territorios a cambio de apoyos políticos al gobierno nacional de turno”. A lo mismo le apunta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien se ha lamentado públicamente porque los municipios de su departamento tienen grandes retos de pobreza y no cuentan con los recursos para enfrentarlos.
Si hay consenso sobre el problema, como parece haber, la pregunta que cobra relevancia es cómo aproximarnos a la descentralización. El referendo de Rendón les daría más poder a los departamentos, pero beneficiaría a los ricos por encima de los pobres. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo ante una reunión de alcaldes el viernes pasado que “no se puede concebir es que en un país se haga descentralización sin fondos de compensación, porque si usted les dice a las zonas ricas que cojan toda la plata y no transfieran algo de esa riqueza a las zonas que necesitan inversión social vamos a tener unos problemas que nos van a quitar nuestra verdadera riqueza”.
Está también el problema de que la discusión no se trata solo de dinero, sino de estructura estatal. ¿Cómo garantizar que las entidades territoriales tengan los mecanismos de vigilancia? Lo escribió Armando Montenegro para El Espectador: “aumentar las transferencias y competencias, sin mejorar la vigilancia y combatir los abusos, solo seguirá enriqueciendo a los corruptos”. No es lo que queremos. Otras funciones de Estado, como la seguridad nacional, requieren mantenerse centralizados. Por la complejidad de lo que implica la descentralización, el espacio natural para el debate debe ser el Congreso y no un referendo, ¿pero están los legisladores dispuestos a llevar con seriedad las reformas? Necesitan hacerlo. Llevamos tantos años con esta conversación pendiente.
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