No hay argumentos para dejar de cumplir la orden judicial que establece realizar pruebas de COVID-19 a las personas que deseen entrar a Colombia, por absurda que resulte. Aunque desde estas páginas no compartimos esa decisión y apoyamos que el Ministerio de Salud insista en una impugnación, es inaceptable que el Gobierno nacional le esté dando rienda suelta a la idea de entrar en desacato. La ley es dura pero es la ley, y la división de poderes existe para que cada rama respete a la otra. Si permitimos que no se cumpla esta orden, ¿qué clase de precedente se está creando? ¿Dónde queda el Estado de derecho? Lo más preocupante es oír todas las voces que aplauden la actitud adoptada por el Ministerio.
La sentencia de tutela utiliza argumentos insuficientes, en eso estamos de acuerdo. Exigir la prueba PCR a todas las personas que deseen entrar al país es crear una limitación costosa e ineficiente. Por dar la impresión de que estamos cuidando la salud de los colombianos, en la práctica solo estamos creando un espejismo burocrático. Lo dijimos hace unos días y lo repetimos: no compartimos la decisión del juez ni los argumentos del demandante. Los epidemiólogos han sido claros en explicar por qué las pruebas son innecesarias. La Organización Panamericana de la Salud tampoco las recomienda.
Ese, no obstante, no es el debate. Cuando un juez constitucional da una orden, la obligación de las autoridades es obedecerla y cumplirla. Si no están de acuerdo, pueden impugnar y utilizar los mecanismos procesales, pero no argumentar que no pueden llevarla a cabo. Se trata de un principio básico del Estado de derecho que nos protege contra el autoritarismo y el capricho de quienes quieren saltarse la ley. Por eso es tan sorprendente ver al Ministerio de Salud jugar con la idea de no obedecer la decisión judicial.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo: “Una vez leída la aclaración estamos en imposibilidad de cumplir el fallo”. También agregó que el Ministerio ha sido “profundamente respetuoso de las órdenes de la Corte, de los jueces… hemos acatado cientos de fallos y tutelas (pero) es un caso en particular, un fallo de tutela que nos pone en una situación tremendamente compleja”. Dice el ministro que la orden del juez “nos limita totalmente la capacidad como autoridad de salud pública frente al ejercicio de la emergencia sanitaria”. Así no funciona el orden constitucional. Si el juez se equivocó, el llamado a hacer la corrección es un superior jerárquico dentro de la Rama Judicial. No le corresponde a un ministro de Salud elegir qué sentencias acatar y cuáles no. De nada sirve haber cumplido todas las otras decisiones pasadas si, en un momento, optan por ignorar la orden judicial. ¿Es compleja de emplear? Sin duda. ¿Imposible? No nos parece. ¿Negociable? Claro que no: es la ley.
El ministro dijo que “un desacato es una actitud manifiesta de mala voluntad. La nuestra es la imposibilidad, desde el punto de vista sanitario y de defensa de la salud pública de este país, de poder aplicar un fallo que nos genera una situación extrema”. Entendemos su frustración, pero no podemos compartir su lógica. En el momento en que, desde el Gobierno, se abre la puerta para desobedecer a la justicia, el mensaje que se envía es que el cumplimiento de la ley es algo voluble y antojadizo. ¿Cómo garantizamos así la estabilidad institucional?
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