Desenredando la toma del Estado

En la semana que termina, la Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Noguera a pagar 25 años de prisión por los delitos que cometió mientras fue director del DAS.

Se trata de crímenes sumamente graves que dejan ver una realidad mucho peor: la puesta de instituciones del Estado a disposición de la voluntad de grupos ilegales que combaten con armas. La complicidad efectiva y silenciosa entre “buenos” y “malos”, que pone en entredicho gran parte de la institucionalidad de este país. La tan temida cooptación del Estado que sectores de la academia y el periodismo veníamos advirtiendo hace años.

La sentencia condena a Noguera por varios delitos: nexos con las Auc como consecuencia de su autoría mediata en el asesinato del profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andreis, por destrucción de documento público y por revelar asuntos secretos que sólo competían al DAS. Es decir, por convertir este aparato de inteligencia en institución matriz para las operaciones de un grupo ilegal. Acto que, desde cualquier punto de vista, es deplorable y mina en extremo la credibilidad de esa entidad durante estos años.

Noguera ayudó específicamente al Bloque Norte de las autodefensas, brindándoles la información que ellas requerían para llevar a cabo sus operaciones criminales. De esta forma, y como reflejo de su poder en la dirección, logró que las acciones del DAS se dirigieran exclusivamente a combatir —por cualquier medio— a las Farc, dejando de lado la ofensiva, igualmente importante, a los paramilitares. ¿Cómo? Haciendo uso de todas las herramientas que tenía a la mano: destituyendo a los funcionarios que quisieran investigar a las Auc y dejando —incluso con falta de experiencia— a aquellos que atacaban a la guerrilla; mediando en el asesinato de personas, como ocurrió con el profesor Correa de Andreis, a quien le confeccionó versiones falsas a través de su policía judicial para hacerlo ver como subversivo, facilitándole el camino a alias Jorge 40, quien dio el puntillazo final de su muerte; armando una campaña de desprestigio en contra de todo aquel que se determinara como “oposición”. Los paramilitares, a su entender y según los testimonios, debían dejarse quietos ya que habían hecho un compromiso de paz de cara al país.

La sentencia no se quedó ahí. Asimismo, y por medio de las pruebas que tiene en su poder, la Corte pudo sacar una lista de muchos otros funcionarios del Estado que participaron en la gestación de esta macabra alianza. Del caso de Noguera puede extraerse todo un entretejido de información que revela ese plan de expansión a todo motor que tenían los paramilitares para tomarse el poder desde la cúpula. De esta forma, en un acto totalmente acertado, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que se abran todos estos procesos y se empiece a saber la verdad de lo sucedido. No hubo que esperar, como sí pasó con la violencia de los años ochenta, un muy largo número de años.

La justicia, así como los aparatos de investigación, han actuado bien. No queda otra cosa que hacer un balance positivo y celebrar que aún quedan instituciones que quieren desmantelar esa peligrosa toma del Estado que se impuso de una forma que no fue del todo perceptible para la ciudadanía. Ojalá se siga sabiendo la verdad sobre esta alianza entre algunos miembros de las instituciones del Estado y los grupos armados al margen de la ley. Es un alivio.

Queda entonces esperar a que se siga desenredando la madeja para ver qué más se sabe y, sobre todo, a quiénes les asiste una responsabilidad penal, y también política —porque existe—, de esta época tan oscura.

 

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