Después del remedo de elecciones en Venezuela

El Espectador
22 de mayo de 2018 - 02:31 a. m.
Manifestantes participan en una protesta con el resultado de las elecciones presidenciales en Caracas (Venezuela).  EFE/Miguel Gutiérrez
Manifestantes participan en una protesta con el resultado de las elecciones presidenciales en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

El régimen de Venezuela volvió a ratificar su condición antidemocrática, como si se necesitaran más pruebas de su talante dictatorial, con la jornada electoral que tuvo lugar el domingo último. Que Nicolás Maduro haya resultado reelegido presidente en un proceso carente de validez y con un alto nivel de abstención es un insulto para los demás países de la región que respetan la institucionalidad democrática. La decisión de 14 países hemisféricos de desconocer el resultado, llamar a sus embajadores a consultas y acordar medidas adicionales, va en la línea correcta. Urge una mayor acción internacional que imponga mayores sanciones contra el gobierno del país vecino.

Lo que comenzó hace tres años como una acción aislada de unos pocos países y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha ido ganando adeptos poco a poco. Ante cada uno de los actos desafiantes de Caracas frente a la Carta Democrática Interamericana, el grave deterioro de las condiciones sociales, en especial en materia de alimentación y medicinas, y la violación sistemática de los derechos humanos, ha aumentado el grupo de países que están dispuestos a actuar. No solo en América, sino en Europa. Las sanciones impuestas hasta el momento, en especial por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han apuntado hacia el bolsillo de los principales miembros del chavismo. De esta manera se han congelado cuentas bancarias e inversiones de altos jerarcas que, todo parece indicarlo, se han enriquecido no solo por actos de corrupción permanente sino, además, por una eventual participación en el narcotráfico.

El Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, tomó ayer una serie de decisiones que deberían ser seguidas por los demás países del hemisferio. Entre ellas están, fuera del no reconocimiento al proceso electoral y la llamada a consulta de los embajadores, el presentar una nueva resolución en el marco de la Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar a comienzos de junio en Washington DC. Por supuesto, también se aborda la preocupación creciente frente a la migración masiva de ciudadanos venezolanos que afecta a dichos países, en especial a Colombia. Como medidas concretas se convoca a una reunión de autoridades responsables del tema migratorio, para buscar soluciones comunes a la crítica situación presentada. Con respecto a la situación humanitaria interna, de extrema gravedad, se anuncia a su vez la coordinación de acciones en materia de salud pública y el suministro de medicamentos para enfermedades como el sarampión, paludismo y difteria.

En materia económica y financiera se refuerza la advertencia para quienes realicen “operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior –incluidos bienes militares y de seguridad–”. De esta manera se apuntala la legitimidad de la AN, desconocida por el régimen, y se le resta importancia a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que ha terminado suplantando a la primera. En el campo internacional, se da otro paso importante en materia de sanciones al solicitar que se coordinen “acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria”. El efecto se debería hacer sentir de inmediato en el BID, la CAF y el Banco Mundial.

Ya pasó la hora de los discursos, la retórica y las resoluciones sin efecto mayor. Es el momento de adoptar sanciones para que la presión internacional logre un efecto directo sobre el gobierno dictatorial de Maduro.

Por El Espectador

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