La detención de Samuel Moreno

El viernes al mediodía, el Juez 28 de Garantías decretó medida de aseguramiento para el suspendido alcalde Samuel Moreno en el caso del “carrusel de la contratación”. Con él, ya están en manos de la justicia varios de los sospechosos que presuntamente participaron en este millonario desfalco al Distrito.

El enfrentamiento entre la Fiscalía y la defensa esta semana fue bastante nutrido. El ente acusador manifestó que Moreno era en gran parte responsable de este “carrusel”, que violó su deber de transparencia en la contratación y que cometió una serie de delitos muy graves en contra de la administración pública. La defensa dijo que todo este despliegue procesal era —como ya se volvió costumbre decir en este país sobre los políticos acusados de algún delito— un complot en su contra. ¿La razón? Porque los testimonios de oídas y las declaraciones de los Nule constituyen, a dicho de la defensa, una retaliación en contra del suspendido alcalde.

Finalmente, el juez terminó por imponer medida de aseguramiento en la cárcel La Picota, que posteriormente el Inpec modificó, enviándolo a la Escuela de Carabineros. ¿Daba este caso para una detención preventiva? Para definir tal cosa hay que analizar el sentido de esta institución. La figura consiste en una medida cautelar. Es decir, una forma en la que se garantiza que el acusado, mientras transcurre el juicio, no cometa una de las siguientes irregularidades: que huya, que manipule el proceso o que constituya un peligro para la sociedad. Es, asimismo, una medida excepcional, ya que mina la libertad personal del acusado al recluirlo cuando sobre él aún opera el principio de presunción de inocencia. ¿Dentro de cuál de estas causales se encontraba Samuel Moreno? El juez dijo que las dos últimas. Es un peligro para la sociedad, dice el juez, por la calidad de los delitos: de “cuello blanco”, usando una investidura ganada democráticamente. La peligrosidad del individuo —que se mide más por su condición personal y la posibilidad de que siga delinquiendo— se estableció en este caso por los delitos que presuntamente cometió y que aún no se han probado.

El juez dice, asimismo, que Samuel Moreno podría manipular las pruebas del proceso llevado en su contra. Aquí el asunto se complica porque el argumento es un tanto engorroso. A grandes rasgos indica que Moreno, por ser alcalde, cuenta con el poder suficiente para dañar el buen curso del proceso. Ese poder como cabeza de la administración, afirma el juez, puede seguir teniéndolo para frenar la justicia. No es muy claro qué tiene que ver una cosa con la otra. De la capacidad para ostentar un cargo público no se deriva, como causa directa, la posibilidad de interferir con la justicia.

Mucha tela puede cortarse sobre esta audiencia y sus implicaciones jurídicas. Sin embargo, la decisión ya está en firme. Quedan para el debate, eso sí, algunas cosas que la ciudadanía no parece tener claras: primero, que la detención preventiva no es en ninguna forma un anticipo del juicio ni de la condena. Samuel Moreno por lo pronto, así se haya decidido que vaya a la cárcel, es inocente. Y segundo, como lo hemos dicho hasta la saciedad en estas páginas, la detención preventiva en Colombia está muy mal aplicada por los jueces: se convierte en la regla de todo juicio, cuando debería ser la excepción. Moreno se suma a miles de colombianos que están en las cárceles a la espera de un juicio en propiedad. Por lo pronto, como lo dijimos aquí mismo el pasado domingo, esperamos que la justicia obre en rectitud y pueda ir más allá de la punta del iceberg, desenredando este desfalco millonario. Lo cual, por supuesto, incluye que no se quede solamente en la capital.

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