El martes se llevó a cabo un debate en el Congreso a propósito del acuerdo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko, que pacta la creación de una jurisdicción especial para la paz. Como era de esperarse, se plantearon muchas preguntas y críticas ante lo poco que se sabe sobre las implicaciones del acuerdo, pero algo debe resaltarse: la presencia de todas las fuerzas políticas en un espacio de debate. Ese es un paso decisivo hacia un ambiente donde se pueda aportar al proceso con el disenso, no destruirlo —como lo pedimos en el editorial del domingo pasado—. El Congreso es el espacio natural para ese tipo de discusiones, y tanto el Gobierno como los actores opositores demostraron su voluntad de conversar. Lo celebramos.
Dicho lo anterior, son varios los puntos sobre los que se han centrado los posibles reparos al acuerdo de justicia transicional.
El primero, expresado con vehemencia por el procurador, Alejandro Ordóñez, tiene que ver con la publicación del texto completo sobre justicia transicional. Esta posición es razonable en los términos que expuso Ordóñez: “Tal vez muchas de las advertencias que hagamos queden resueltas conociendo el acuerdo o tal vez muchas de las advertencias se confirme que son fundadas conociendo el acuerdo”. Lo que está de fondo, en otras palabras, es que el comunicado que se conoce, si bien menciona varios puntos, no da a conocer los detalles —y, como ya lo hemos dicho, ahí es donde está el principal problema del asunto—. Eso, a su vez, se presta para que los enemigos del proceso utilicen interpretaciones a su antojo para torpedear lo que se ha acordado. Es mucho mejor que todo se discuta y se construya sobre el mismo texto, sin lugar a especulaciones. El Gobierno debe publicarlo tan pronto como sea posible.
Ahora bien, y esto es lo bueno de que se den estos espacios de debate, el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, pudo responder a esta crítica inmediatamente explicando que no se ha publicado un texto más largo pues aún hay detalles por acordar y se comprometió a publicar lo que se acuerde tan pronto como sea posible. Así deberá ser.
De la Calle insistió, sin embargo, en que el comunicado también es el acuerdo, y que lo que hay ahí también debe considerarse como propuestas concretas. Es cierto. Los diez puntos publicados la semana pasada tienen disposiciones que permiten entender hacia dónde vamos después de un acuerdo que ojalá sea inminente.
Rescatamos, de lo hasta ahora publicado, la creación del Tribunal para la Paz, los diferentes niveles de pena dependiendo del tipo de delito y de la forma en que colaboren (quienes más tarden en vincularse, o se rehúsen a unirse, tendrán penas más duras), la inclusión de todos los responsables (es apenas justo que quien haya delinquido tenga la oportunidad de aportar a la verdad y la memoria histórica en esta coyuntura especial) y el compromiso con la reparación de las víctimas del esclarecimiento de lo ocurrido.
No es, a todas luces, una propuesta de impunidad, sino un marco de justicia especial que entiende que hay más formas de pagar que la cárcel, y que lo que más piden las víctimas es la verdad. Faltan detalles, sí, pero, como vimos el martes, el país por fin está adoptando el necesario para discutirlos una vez los conozcamos.
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Por El Espectador
