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La última jugada de Nicolás Maduro, con el indulto y la liberación de más de 100 presos políticos, de los cerca de 400 que hay en el país, ha puesto a la oposición venezolana en una situación compleja. Se esperaba que, frente a las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, los principales dirigentes políticos de oposición, junto con el presidente encargado, Juan Guaidó, se negaran a participar ante la falta de garantías. Sin embargo, Henrique Capriles anunció que, a pesar de las dificultades existentes, está dispuesto a participar de los comicios, previo el indulto. El ya de por sí enrarecido ambiente político en el país vecino se oscurece aún más con la denominada “feria del perdón”.
Maduro, con el asesoramiento de Cuba, maniobra con habilidad. Asentado en el poder, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el respaldo de Rusia y China, y una cúpula corrupta, vinculada al narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y tráfico de armas, necesita generar hechos que den algún tipo de legitimidad a su régimen. La casa por cárcel concedida al diputado Juan Requesens, quien llevaba más de dos años preso sin ser juzgado por un supuesto atentado a Nicolás Maduro, fue seguida por el indulto y la liberación de 110 personas judicializadas por supuestos delitos políticos, la gran mayoría de ellos diputados de la Asamblea Nacional (AN).
Capriles, quien estuvo detrás de los indultos, ha expresado que no obra con ingenuidad. En un trino expresó que “ojalá esta sea una señal verdadera. El camino por la libertad en Venezuela ha estado lleno de tropelías. Todavía faltan otros presos políticos que siendo inocentes siguen secuestrados por el régimen. En este momento nadie se está engañando, los venezolanos sabemos a qué nos enfrentamos”. Tanto él, como la Iglesia y otros sectores políticos minoritarios consideran un error no aprovechar esta apertura del régimen para lograr mayores espacios de participación y garantías electorales. Creen que es la única manera de destrancar el juego político interno, al que no le ven salida distinta. Lo grave es que de paso reconocen la validez de la dictadura, pues solo el presidente legítimo puede ordenar los indultos.
La mayor parte de la dirigencia opositora, incluyendo a Guaidó, rechaza ir a las elecciones. El presidente encargado y su copartidario Leopoldo López lo ven como otro paso destinado a mantener a la dictadura en el poder. Están en lo cierto. Mientras no haya transparencia, un árbitro independiente escogido por la Asamblea Nacional, se cuente con un registro electoral en el exterior y se tenga un cronograma para elecciones presidenciales, se opondrán. Adicionalmente, Maduro intervino los principales partidos opositores y maneja sus tarjetas electorales. López y Capriles se tienen una profunda desconfianza mutua de tiempo atrás, por lo cual los recientes indultos asestan un duro golpe a la oposición: dividen aún más a sus integrantes y garantizan, en principio, la participación de un sector político importante en diciembre.
De lograr su objetivo, Maduro se aseguraría una composición de la Asamblea Nacional distinta a la actual, en la cual la oposición cuenta con la mayoría. Dado que no pudo bloquear a Juan Guaidó y a los diputados que le son adversos, optó por las amenazas, agresiones, encarcelamientos o el exilio forzado. Jorge Rodríguez, ministro de Información del régimen, señaló que “la única razón para no participar en las elecciones (…) es porque tu plan es distinto a dirimir las cosas por la vía democrática”, con lo cual coloca al resto de la dirigencia opositora en la ilegalidad.
El exiliado diputado Richard Blanco define con claridad lo que sucede: “Indulta quien tiene legitimidad. Se indulta a quien es culpable. Yo no he cometido delito alguno. Mi vida la he entregado siempre al servicio y trabajo, por el bien de Venezuela. Lo único que deseo es la libertad plena de mi patria”. Complejo laberinto el que atraviesa la oposición venezolana.
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