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La decisión de un jurado independiente de encontrar a Donald Trump, exmandatario de Estados Unidos, culpable de 34 cargos relacionados con la falsificación de documentos comerciales, constituye un hecho sin precedentes para el país del norte. A pesar de su culpabilidad, Trump podrá continuar en su campaña por la reelección mientras se le siguen otros tres procesos, más graves aún. El resultado, mientras se conoce el 11 de julio la sentencia que le impondrá el juez, demuestra que allí la justicia funciona de manera independiente y que incluso un expresidente debe responder ante los tribunales, con todas las garantías procesales, por los delitos que se le imputen.
El caso, politizado por Trump, se desarrolló bajo el concepto del imperio de la ley. La defensa y la Fiscalía tuvieron todas las garantías necesarias. Al tomar la decisión final, ante los 34 delitos imputados, se pensó que las deliberaciones podrían tardar varios días. Un solo voto en contra, de alguno de los doce jurados, hubiera anulado el juicio. Sin embargo, en un tiempo sorpresivamente breve, se llegó a un veredicto unánime que lo encontró culpable de todos los cargos señalados. Desestimar la validez de lo adelantado hasta ahora será muy difícil, pero el expresidente tiene el derecho de apelar ante la Corte Estatal, pues no es un delito federal.
Como era de esperarse, el exocupante de la Casa Blanca se ha volcado a victimizarse, contando con el apoyo de los congresistas y las principales figuras del Partido Republicano. En sus declaraciones Trump ha dicho que el verdadero veredicto lo darán las urnas el 5 de noviembre; se ha declarado como “un hombre muy inocente (…) no hemos hecho nada malo”; ha continuado los ataques al juez Juan Merchán, de origen colombiano, a quien ha vuelto a acusar de “corrupto”; ha dicho: “Nuestro país se ha ido al infierno”, para concluir, con su xenofobia, que “millones y millones de personas llegan a nuestro país ahora mismo desde las prisiones y desde instituciones mentales, terroristas. Y se están apoderando de nuestro país”.
Como hecho curioso, en Estados Unidos no existe prohibición constitucional para que una persona que haya sido condenada por un delito resulte elegida en los comicios presidenciales. De esta manera, Trump tiene el camino abierto no solo para continuar la campaña, sino para volver a la Casa Blanca, a pesar de que pudiera estar preso en ese momento. Mientras no se sepa cuál es la decisión final del juez Merchán, las especulaciones varían. Van desde la posibilidad de que se le imponga una pena de cuatro años que sea conmutable, dado su carácter de hombre público, a la opción de que tenga casa por cárcel durante un par de meses. Como paradoja, la opción de ir a la cárcel, así sea por unos días, sería el objetivo más deseable para el ahora candidato, pues le ayudaría mucho a reforzar su imagen de perseguido por el actual gobierno y ratificar, como lo ha dicho, de ser “un preso político”.
El caso en cuestión se inició ante el hecho de haber ocultado información relevante con el fin de influir, a su favor, frente a las elecciones de 2016. Donald Trump ha dado muestras permanentes de no tener problemas con violar los preceptos éticos, morales y, en este caso, las normas penales. Ha torcido la ley para defender sus intereses y ha sido un adalid de la lógica de que el fin siempre justifica los medios, sin importar si estos van contra la ley.
De momento, siguen su curso las causas por la comisión de tres graves delitos, relacionados con la difusión de mentiras, la participación de una conspiración criminal en Georgia para que se diera la anulación de elecciones allí, el manejo en su casa de Mar-a-lago de documentos clasificados de alta sensibilidad, así como la promoción de los hechos que concluyeron el 6 de enero de 2020 con la toma del Capitolio por una turba de fanáticos trumpistas enfurecidos.
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