Saben los científicos que la respuesta a la pregunta que sirve de título a este editorial depende de si es una vertiente húmeda o seca, si se trata de macizos aislados o de los ejes principales de las cordilleras, de la historia de formación de los suelos y, a partir de la Colonia, de las actividades humanas.
El límite inferior del páramo, definido por su flora singular, ocurre en Colombia en un rango de 2.700 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero la pregunta vuelve a adquirir un significado crucial hoy, pues de su respuesta —que los institutos de investigación vinculados al Sistema Nacional Ambiental tienen el mandato de definir con gran detalle cartográfico— depende la ubicación legal de la minería en los Andes colombianos.
Por supuesto, con base en el conocimiento existente, los recursos y las visitas de validación, sería posible obtener esa respuesta en un plazo razonable. Pero se trataría de una respuesta precisa a una pregunta incorrecta frente a la discusión presente. Porque la incertidumbre científica sobre la ubicación del páramo va en paralelo con la absoluta certeza del riesgo social que conlleva. Los científicos podrán, en un tiempo prudencial, identificar una línea más arriba de la cual sería para conservación y más abajo para la explotación minera. Esto es lo que espera el Ministerio de Minas. Pero es claro que los beneficios ambientales que la sociedad identifica como provenientes de los páramos —y que han llevado a la necesidad de deslindarlos para la conservación— no se producen exclusivamente por encima del límite superior del bosque andino.
Hay estudios suficientes, en efecto, que demuestran que el ciclo del agua y la regulación de las cuencas hidrográficas, si bien se soportan en una buena parte en el páramo —en especial en las vertientes más secas—, en la mayoría del territorio dependen de su estructura geológica, de la ubicación de los acuíferos y zonas de recarga, que en algunos casos, como por ejemplo en las vertientes del nevado del Tolima —léase en el sitio de la eventual mina La Colosa—, en gran parte suceden por debajo del límite inferior del páramo.
Además, ahora la pregunta hay que hacerla de nuevo, en una perspectiva del clima cambiante, es decir, de la adaptación. Por eso causa alarma que el Gobierno haya definido un conjunto importante de zonas mineras estratégicas en los Andes, a la vez que exige celeridad para que los científicos digan dónde termina el páramo, para que pase la locomotora. La pregunta debe volverse a formular, pero con un alcance conceptual mayor. ¿Está el país preparado para incrustar la gran minería en territorio que soporta una buena parte de la población rural, con una biodiversidad por kilómetro cuadrado superlativa a nivel mundial, que es fuente del agua de consumo de gran parte de la población y que ha demostrado ser fuente de una buena parte del riesgo ambiental que el país vivió en la ola invernal, como producto de su mal manejo? Evidentemente no.
La pregunta no es entonces por el páramo, sino por la alta montaña, por los servicios de los ecosistemas, por la seguridad ambiental, es decir, por el bienestar de todos y no por la prosperidad para algunos.
Por El Espectador
