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Dos contratos: uno por $1.500 millones dedicados al alumbrado navideño en San Andrés y otro por $6.382 millones para hacer comunicación de la Presidencia de la República. Ambos defendidos por sus firmantes como necesarios, tradicionales y que no afectan los recursos que se están destinando para atender las emergencias del huracán Iota y el COVID-19. Ambos, también, símbolos que indignan a las personas con justicia por demostrar que, a menudo, los gobiernos pierden de vista las prioridades y envían mensajes inadecuados en tiempos extraordinarios.
Los aparatos estatales son tan complejos, que están acostumbrados a gastar sin reflexionar. Amparados en que los procesos de asignación presupuestal son largos y en que ya hay costos “tradicionales”, esto es, que se han hecho en años pasados, los líderes políticos permiten que la inercia sea la que defina para dónde van los recursos que salen de los impuestos de los colombianos. Ahora, en plena pandemia y después del desastre provocado por el huracán Iota, es justo preguntar si las prioridades de los gobernantes están en el lugar correcto. Pareciera que no. Más allá de los montos de los contratos (ínfimos, en términos del presupuesto general, pero enormes si se comparan con la rutina diaria de cualquier ciudadano), lo que importa es la sensación de que la política no responde a la urgencia de las crisis.
El ejemplo de San Andrés es diciente. El gobernador encargado de la isla, Allen Jay, dijo en Blu Radio que “los recursos que estamos destinando para el alumbrado no tienen nada que ver con los recursos que ya están comprometidos” para atender la crisis, y que “surgió la necesidad de seguir avanzando en temas del alumbrado navideño”. ¿De verdad hay “necesidad” de unas decoraciones tan costosas cuando San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen sin sacudirse de los efectos de Iota? ¿No hubiera sido mejor, para seguir el espíritu de la época, que esos recursos fueran un regalo navideño a la recuperación, a quienes más los necesitan? ¿Dónde quedan las voces de los isleños que reclaman más eficiencia en las ayudas que requieren para levantarse del desastre? Insistimos: ¿dónde están las prioridades?
Lo propio ocurre con la necesidad de Presidencia de promocionarse a sí misma. Sí, se trata de un contrato que ya se había renovado en administraciones pasadas. Ya sabemos que a los gobernantes, sin importar su apellido, les sobra sentido de urgencia para comunicar sus logros. Pero la realidad es que Prevención y Acción, el costoso programa diario de la administración Duque, perdió hace mucho su rol de informar sobre la crisis del COVID-19 y se convirtió en un espacio de divulgación del Gobierno.
Por eso es entendible la indignación con que el nuevo contrato con RTVC incluya, por ejemplo, un programa “en donde el señor presidente de la República dialoga con colombianos destacados en todos los ámbitos. Se requerirá la producción de notas introductoras a cada tema, así como imágenes de apoyo que ayuden a ilustrar la conversación. Este programa deberá tener una duración de 60 minutos, deberá ser emitido por canal institucional y en horario prime”. En respuesta, desde Presidencia insisten en que el plan no es convertir al presidente en un presentador de televisión. Ese no es el punto. La pregunta es: ¿no hará falta un gesto de generosidad con todos esos gastos? ¿No hay otra forma de invertir mejor los recursos cuando hay un desempleo muy elevado, el país está azotado por el invierno y regiones enteras enfrentan la pandemia con un sistema de salud en riesgo, entre otras necesidades?
Como dijo la senadora estadounidense Elizabeth Warren: “Muéstrame el presupuesto de un gobierno y te mostraré sus valores”.
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