Ecos de otra Catedral
La Justicia de este país es con frecuencia cuestionada. No sólo por los análisis de expertos, quienes han indagado, por ejemplo, cómo en los municipios olvidados de Colombia los jueces son cooptados por grupos armados, sino por la gente del común, que por estos días se ha indignado, otro ejemplo, porque no entiende que a alguien que roba miles de millones al Estado le den uno o dos años más de cárcel que a quien pagó una arroba de papa con un billete falso.
El Espectador
Así sucedió ante la decisión de darle casa por cárcel a alias El Cebollero. El juez de la causa accedió a los argumentos de la defensa sobre unos supuestos problemas cardíacos del enjuiciado. La sentencia fue tomada en días pasados por Humberto Navales, juez primero penal del Circuito de Medellín. La indignación ante este hecho se hizo sentir a nivel nacional. Empezando, por supuesto, desde la cúpula del Estado: nada menos que el presidente Juan Manuel Santos salió a decir que se trataba de un hecho insólito y que no podía permitirse que, bajo la excusa de una supuesta enfermedad, se permitiera a El Cebollero seguir delinquiendo desde la casa.
No lo dice sin fundamento. Alirio de Jesús Rendón, más conocido por el alias mencionado, fue el supuesto líder de una peligrosa banda de sicarios llamada ‘Unión-Calatrava’, que se dedicó a “pacificar” la Plaza Mayorista de Antioquia, ubicada en el municipio de Itagüí. Al parecer la banda fue constituida por él desde principios de los noventa y hacía parte de la famosa ‘Oficina de Envigado’. A voz de algunos de los exmiembros de esta organización, en declaración para el portal Verdad Abierta, El Cebollero y su banda ostentaban tal capacidad delincuencial que podían “voltear a Medellín en un ratico”.
Pese a ser muy conocido en el medio, este presunto jefe de sicarios le rehuyó a la justicia por mucho tiempo, repitiendo la cada vez más frecuente fórmula de que todo era un complot contra él. Desde la clandestinidad interpuso una tutela a la Fiscalía para que lo dejaran rendir una versión libre antes de la imputación. Finalmente, luego de una verdadera persecución física, terminó confesando sus delitos y siendo llevado a la cárcel bajo la figura de sentencia anticipada. 50 meses de prisión. Ahí empezaron las supuestas dolencias físicas y problemas cardíacos alegados por la defensa y reconocidas en prisión domiciliaria por el juez Humberto Navales Durango.
Por tomar esta decisión, y ante la explicable conmoción de medios y políticos, el juez fue suspendido de su cargo por tres meses a manos del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Se ha sabido, además, de otras decisiones controvertidas que ha tomado el togado en ocasiones previas y que se están investigando.
Por lo pronto las autoridades están buscando rectificar y rehacer los dictámenes médicos que sirvieron como prueba para la detención domiciliaria. Es cierto que las cárceles colombianas no tienen una infraestructura adecuada para tratar las supuestas dolencias cardíacas que se han manifestado de El Cebollero. No obstante, otra solución puede dársele a su padecimiento, si es que es real, más allá de mandarlo a la casa a “purgar” su pena. En este caso, hay una línea muy fina entre la impunidad y la concesión de derechos que las autoridades deben saber leer. Es peligroso que un delincuente con tan fuertes y contundentes presunciones en su contra se devuelva a su casa a controlar la mafia a dedo y con toda la comodidad. Colombia es un país con amplia experiencia en este terreno: eso hace mucho daño. Lo padecimos con la famosa “Catedral” de Pablo Escobar, desde donde delinquía en medio de lujos excesivos e insultantes. Y a la sombra, el Estado. Se hace bien en sospechar y tomar las medidas al respecto. Puede decirse que algo hemos aprendido, aunque los mismos de siempre sigan tozudamente manejando su poder corruptor.
Así sucedió ante la decisión de darle casa por cárcel a alias El Cebollero. El juez de la causa accedió a los argumentos de la defensa sobre unos supuestos problemas cardíacos del enjuiciado. La sentencia fue tomada en días pasados por Humberto Navales, juez primero penal del Circuito de Medellín. La indignación ante este hecho se hizo sentir a nivel nacional. Empezando, por supuesto, desde la cúpula del Estado: nada menos que el presidente Juan Manuel Santos salió a decir que se trataba de un hecho insólito y que no podía permitirse que, bajo la excusa de una supuesta enfermedad, se permitiera a El Cebollero seguir delinquiendo desde la casa.
No lo dice sin fundamento. Alirio de Jesús Rendón, más conocido por el alias mencionado, fue el supuesto líder de una peligrosa banda de sicarios llamada ‘Unión-Calatrava’, que se dedicó a “pacificar” la Plaza Mayorista de Antioquia, ubicada en el municipio de Itagüí. Al parecer la banda fue constituida por él desde principios de los noventa y hacía parte de la famosa ‘Oficina de Envigado’. A voz de algunos de los exmiembros de esta organización, en declaración para el portal Verdad Abierta, El Cebollero y su banda ostentaban tal capacidad delincuencial que podían “voltear a Medellín en un ratico”.
Pese a ser muy conocido en el medio, este presunto jefe de sicarios le rehuyó a la justicia por mucho tiempo, repitiendo la cada vez más frecuente fórmula de que todo era un complot contra él. Desde la clandestinidad interpuso una tutela a la Fiscalía para que lo dejaran rendir una versión libre antes de la imputación. Finalmente, luego de una verdadera persecución física, terminó confesando sus delitos y siendo llevado a la cárcel bajo la figura de sentencia anticipada. 50 meses de prisión. Ahí empezaron las supuestas dolencias físicas y problemas cardíacos alegados por la defensa y reconocidas en prisión domiciliaria por el juez Humberto Navales Durango.
Por tomar esta decisión, y ante la explicable conmoción de medios y políticos, el juez fue suspendido de su cargo por tres meses a manos del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Se ha sabido, además, de otras decisiones controvertidas que ha tomado el togado en ocasiones previas y que se están investigando.
Por lo pronto las autoridades están buscando rectificar y rehacer los dictámenes médicos que sirvieron como prueba para la detención domiciliaria. Es cierto que las cárceles colombianas no tienen una infraestructura adecuada para tratar las supuestas dolencias cardíacas que se han manifestado de El Cebollero. No obstante, otra solución puede dársele a su padecimiento, si es que es real, más allá de mandarlo a la casa a “purgar” su pena. En este caso, hay una línea muy fina entre la impunidad y la concesión de derechos que las autoridades deben saber leer. Es peligroso que un delincuente con tan fuertes y contundentes presunciones en su contra se devuelva a su casa a controlar la mafia a dedo y con toda la comodidad. Colombia es un país con amplia experiencia en este terreno: eso hace mucho daño. Lo padecimos con la famosa “Catedral” de Pablo Escobar, desde donde delinquía en medio de lujos excesivos e insultantes. Y a la sombra, el Estado. Se hace bien en sospechar y tomar las medidas al respecto. Puede decirse que algo hemos aprendido, aunque los mismos de siempre sigan tozudamente manejando su poder corruptor.