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El intento de homicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay fue un hecho gravísimo que tiene entre la vida y la muerte a un líder político y que, según la Fiscalía, podría tratarse de un acto de violencia política. La sola hipótesis exige respuestas contundentes del Estado para proteger la vida y el ejercicio democrático. Sin embargo, lo que hemos visto desde entonces no ha sido una reflexión seria sobre la violencia ni un llamado responsable a la verdad, sino una utilización politiquera, morbosa y desconsiderada del atentado.
Desde el mismo día del ataque, figuras de distintos sectores del espectro político han instrumentalizado el caso para ganar protagonismo, hacer campaña o desacreditar a sus adversarios. La precandidata presidencial Vicky Dávila intentó ingresar al hospital donde estaba internado Uribe Turbay y atribuyó, sin evidencia alguna, responsabilidad política al presidente Gustavo Petro. Lo mismo hicieron otros líderes de derecha como el senador Efraín Cepeda. Aunque las autoridades contemplan la hipótesis de que se trató de un atentado político, no existen pruebas que vinculen al presidente ni a su gobierno con los hechos. Sugerir lo contrario, sin sustento, es irresponsable y peligroso.
Pero del otro lado tampoco hay lecciones de dignidad. En redes sociales y declaraciones públicas han circulado teorías de conspiración aún más descabelladas: que todo fue un montaje de la propia derecha, que el atentado se fraguó para victimizar a Uribe Turbay y debilitar al gobierno. Daniel Quintero, también precandidato presidencial, llegó a decir que “lo mandaron a matar para hacerle un golpe de estado a Petro”, en referencia a los audios filtrados de Álvaro Leyva en los que planea el derrocamiento del presidente y menciona a Uribe Turbay como posible interlocutor de un acuerdo nacional. De esos audios no se deriva conexión alguna con el atentado, ni se conocen pruebas de contacto entre Leyva y Uribe Turbay. Todo lo demás es especulación.
Mientras tanto, algunos sectores han decidido fiscalizar el duelo de María Claudia Tarazona, esposa del senador. Se la critica por aparecer en medios o por cómo luce en público, como si existiera una única forma correcta de atravesar el dolor o, peor aún, como si fueran dueños de ese dolor. Otros intentan empujarla al liderazgo político desde esa misma narrativa del martirio, como si fuera legítimo apropiarse de una tragedia para construir un capital electoral. Todo eso es oportunismo.
Ayer, Alfredo Saade, jefe de gabinete del gobierno, compartió la noticia falsa de que Miguel Uribe ya estaba caminando y en silla de ruedas. Reconoció que no sabía si era verdad, pero la difundió de todos modos, simplemente porque sembrar dudas y confusión alimenta el relato oficial. Esa actitud desinforma y deshumaniza.
La ciudadanía también ha incurrido en comportamientos reprochables. Influenciadores de distintos bandos han compartido desinformación. En las afueras del hospital, algunas personas se han reunido a orar, lo cual es legítimo; pero también ha habido excesos que rayan en la ridiculez. Un hombre incluso apareció disfrazado de San Miguel Arcángel. Cada quien tiene derecho a expresar su duelo –que puede incluir rabia, miedo o frustración–, pero eso no debe convertirse en espectáculo ni en irrespeto a las víctimas.
Hemos pedido antes que bajemos el tono, que cuidemos el lenguaje, que desescalemos la polarización. Pero los líderes políticos, aun criticando los discursos de odio, han hecho exactamente lo contrario. Este caso, que debería unirnos en el rechazo a la violencia y en defensa de la vida, ha servido como vitrina para mostrar lo peor de nuestra política –y de nuestra sociedad–: la mezquindad, la paranoia, la falta de empatía.
Respetemos. Respetemos el dolor, la verdad, la justicia y, sobre todo, la vida.
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