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Debemos ser claros sobre los relatos en torno a la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz con las FARC: la reducción de su alcance fue fomentada por los representantes de Estados Unidos. La pérdida de acompañamiento a las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al componente étnico del Acuerdo es una muestra de la arrogancia y la instrumentalización política que el Gobierno de Donald Trump ha hecho de las instituciones, así como una muestra del fracaso de la diplomacia colombiana. Sí, el Gobierno de Gustavo Petro también ha tenido un deficiente cumplimiento de lo pactado e incluso se encargó de hacerle mala publicidad al Acuerdo ante el Consejo, pero las declaraciones de la mayoría de los países miembros muestra que el mundo sigue queriendo que la negociación de paz que se firmó en el Teatro Colón pueda cumplir todas sus promesas.
Pudo ser peor. Esa es, quizá, la noticia más importante. El Consejo de Seguridad, con 13 votos a favor y dos abstenciones, renovó la Misión de Verificación. La presencia de la ONU en nuestro país ha sido esencial en todas las fases del proceso de paz. La colaboración del mundo entero ha servido para lograr la firma, acompañar los procesos de reinserción y blindar de legitimidad el trabajo tan difícil que ha sido esta casi década de posacuerdo. Después de años de diplomacia deficiente y disparos en el pie del Gobierno colombiano, que el Consejo de Seguridad siga viendo el valor de lo pactado es clave. Como escribió Yesid Reyes, exministro de Justicia, en su columna para El Espectador: “Un componente importante del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP fue la creación de una misión de verificación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, porque implicó el reconocimiento internacional a la legitimidad del procedimiento y a lo pactado en relación con las acciones que se debían emprender para mitigar las que allí se identificaron como principales causas del conflicto”.
Ahora, el desastre se veía venir. No olvidamos al entonces canciller de la República, Álvaro Leyva —hoy enemigo declarado del presidente Gustavo Petro—, criticar el trabajo de la JEP ante el Consejo de Seguridad. El mismo presidente, en varias ocasiones, ha cuestionado el actuar de la justicia transicional. Esta administración hizo caso omiso de las ofertas de colaboración que hicieron los miembros del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos. La paz firmada no permitía brillar tanto como la promesa de la “paz total”, que tres años después está lejos de aterrizarse. Lo dijo Julián Gallo, congresista de Comunes y exmiembro de las FARC, en entrevista con La W: “Hay un descuido del Gobierno nacional en lo que es el mandato ante las Naciones Unidas, eso es una realidad”. Sí, ha sido evidente.
A eso se suma el interés de la diplomacia estadounidense por sabotear cualquier proyecto del presidente Petro y además que involucre temas progresistas. Alejarse del componente étnico va de la mano con la política racista de la administración Trump; buscar desentenderse de las decisiones de la JEP es un golpe al corazón del Acuerdo. No es el fin del mundo, solo implica que ahora Colombia deberá reforzar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las sentencias, lo que exige voluntad política local y diplomacia internacional con los países que han expresado su interés de acompañamiento. Se rompió la unanimidad, una mala noticia para Colombia, pero también un pésimo precedente para el mundo, que ha visto nuestro Acuerdo de Paz como uno de los pocos casos de éxito de las soluciones negociadas a los conflictos que pululan por todos lados.
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