Durante el gobierno de Iván Duque, hace cinco años, la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia del Ejército realizó perfilamientos militares a periodistas colombianos y extranjeros y a líderes sociales. La semana pasada, la Procuraduría reconoció que esas actividades fueron ilegales, tenían fines incriminatorios y violaron el derecho a la privacidad y libertad de expresión. Por esta razón, nueve militares recibieron sanciones e inhabilidades entre tres y seis meses. Según el ente de control, los militares sabían de la ilegalidad de sus conductas, pues se esforzaron en no dejar rastro de los seguimientos ni de las órdenes dadas.
Sin embargo, como señaló la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la sanción impuesta no refleja la gravedad de las conductas que la misma Procuraduría advirtió. Para muchas de las víctimas, que la medida más fuerte haya sido una suspensión temporal por seis meses no ofrece garantías de no repetición, pues los militares de inteligencia responsables podrían volver a realizar perfilamientos tras cumplir las sanciones.
Por eso, el apoderado de la FLIP anunció que apelará la decisión de la Procuraduría de reclasificar los hechos de faltas graves a gravísimas, lo que implicaría la salida definitiva de los sancionados de sus cargos. Además, durante la investigación disciplinaria se mencionaron posibles interceptaciones ilegales de comunicaciones mediante herramientas donadas por Estados Unidos, como los equipos StingRay y el software Hombre Invisible, diseñados para espiar. En caso de comprobarse su uso, las conductas serían todavía más graves.
A pesar de haber solicitado los contratos de compra de estas herramientas y haber recibido declaraciones de un suboficial que las operaba, la Procuraduría no dijo una sola palabra en su fallo sobre el uso de estos equipos. Las víctimas tienen razón al preguntarse por qué, si la Procuraduría recabó información de posibles interceptaciones de comunicaciones, no se pronunció en la sentencia sobre para qué se utilizaron los equipos StingRay y el Hombre Invisible.
Aunque el gobierno de Duque nunca ofreció razones de los perfilamientos, el sargento José Luis Cadena, uno de los militares interrogados, reconoció que los seguimientos a María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol y columnista de este diario, comenzaron tras la publicación de una entrevista con cabecillas del ELN en La Habana. Según varios de los acusados, su objetivo era ubicar a los líderes del grupo guerrillero. El medio nativo digital independiente Rutas del Conflicto sufrió el perfilamiento de todos sus miembros, muchos de los cuales abandonaron el medio e, incluso, el periodismo. Los seguimientos empezaron tras una solicitud de información al Ejército sobre contratos en el Meta con empresas mineroenergéticas y la Fiscalía, por los que se criminalizó a líderes ambientales que se oponían. Andrea Aldana, otra de las víctimas, tuvo que exiliarse, con el alto costo emocional y familiar que eso implica.
Es evidente que el Ejército perfiló a periodistas por el simple hecho de ejercer su labor. La Flip lo ha dicho con claridad: se trata de un atentado contra la libertad de prensa y de intentos de criminalización de los periodistas.
Además de la Procuraduría, la Fiscalía investiga el caso, pero pese a que tiene pruebas hace cinco años, hasta ahora no ha presentado avances. La FLIP le ha pedido celeridad. La tolerancia con el hostigamiento a la prensa debe ser cero. Más allá de las actuaciones judiciales, tanto el Ministerio de Defensa como el presidente Gustavo Petro tienen margen de acción: pueden apartar definitivamente a los militares involucrados o, al menos, retirarlos de las labores de inteligencia.
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