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En menos de un mes, las redes sociales y las páginas de El Espectador y de otros medios de comunicación hemos registrado varios hechos de inseguridad ocurridos en Bogotá. Somos conscientes de que nuestras audiencias han estado angustiadas con casos como el de Diana Ospina –quien desapareció casi dos días por un paseo millonario del que fue víctima al salir de una fiesta en Chapinero–, David Acosta –ingeniero bogotano de 27 años que pasó dos semanas desaparecido–, o Néstor Harry Acosta –funcionario del Acueducto de Bogotá asesinado a plena luz del día en Salitre, el pasado 16 de marzo–. Las imágenes vistosas de estos hechos y el seguimiento activo en redes sociales, ya no monopolio de los medios de comunicación, sino que involucra a toda la ciudadanía, causan miedo. Por eso, aunque la percepción de inseguridad en Bogotá ha bajado, sigue sobre el 60 %. Sin embargo, las estadísticas presentan otra ciudad, en la que el crimen de alto impacto ha disminuido. ¿Cómo entender esta contradicción?
Las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá muestran una reducción generalizada de los principales delitos entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. El homicidio intencional bajó de 176 a 154 casos (-12,5 %), mientras que delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión registraron caídas mucho más pronunciadas: de 13 a un caso (-92,3 %) y de 330 a 47 (-85,8 %), respectivamente. También disminuyeron las lesiones personales (-7,3 %) y los hurtos en todas sus modalidades: a personas (-38,3 %), automotores (-36,9 %), motocicletas (-32,3 %), residencias (-22,3 %) y comercio (-74,8 %). Estas cifras configuran una narrativa de mejora que no puede ser ignorada.
Sin embargo, la política pública no se juega únicamente en las cifras, sino también en la percepción, es decir, que la ciudadanía sienta que, en efecto, vive en una ciudad segura. Y allí está uno de los mayores retos. La viralización de hechos violentos –muchas veces captados en video y amplificados por redes sociales– construye una sensación de inseguridad constante que no necesariamente corresponde con las tendencias agregadas. Esto no significa que los medios debamos ser menos contundentes al exigir respuestas de la Alcaldía y la Policía, ni minimizar los casos y su gravedad, sino entender que no constituyen, por sí solos, un diagnóstico integral de la ciudad. Bogotá no es Ciudad Gótica, aunque la suma de sus episodios más dramáticos tenga un impacto emocional y político desproporcionado.
En este contexto, la administración distrital ha buscado articular nuevas estrategias. El alcalde Carlos Fernando Galán se encuentra actualmente en conversaciones con congresistas electos de Bogotá para coordinar iniciativas legislativas en materia de seguridad. Entre las propuestas está facilitar el acceso de la Policía a cámaras de seguridad privadas, con el fin de mejorar la capacidad de reacción y esclarecimiento de delitos. Se trata de una apuesta que combina tecnología, cooperación institucional y participación ciudadana, pero que también plantea interrogantes sobre privacidad, eficacia y alcance real.
No obstante, cualquier estrategia será insuficiente si no se aborda un problema estructural: la relación entre ciudadanía e instituciones. Las encuestas muestran que una parte importante de los delitos no se denuncia, en buena medida porque existe una percepción –comprensible– de desconfianza hacia las autoridades. Este subregistro limita la capacidad del Estado para actuar. Denunciar sigue siendo el canal necesario para activar la respuesta institucional, pero es responsabilidad de la Alcaldía y de la Policía recuperar la confianza ciudadana.
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