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En Colombia, Nayib Bukele es visto por muchos como un líder de mano dura que logró lo que aquí parece imposible: vencer a las pandillas y devolverle el control del territorio al Estado. Políticos de diversas orillas se han declarado “bukelistas” y no faltan los analistas que sugieren copiar su modelo. Pero la realidad –como reveló una reciente investigación del New York Times y, por años, ha denunciado el medio salvadoreño El Faro, a costa de persecuciones– es otra: Bukele no solo pactó con las pandillas, sino que ahora cuenta con el apoyo activo de Donald Trump para encubrir ese pacto y silenciar a los testigos.
Fiscales federales en Estados Unidos, que desde hace años lideran una investigación contra la Mara Salvatrucha (MS-13), comenzaron recientemente a retirar cargos y deportar a líderes de esa pandilla a El Salvador, a petición de Bukele. Uno de ellos, César Humberto López-Larios, alias “El Greñas”, acusado de terrorismo y múltiples asesinatos, fue regresado a su país pese a estar a punto de enfrentar juicio en Nueva York. Lo mismo está por ocurrir con el sanguinario Vladimir “Vampiro” Arévalo Chávez, cuya captura había sido un triunfo para las autoridades estadounidenses. Lo grave no es solo la decisión judicial: lo es también su trasfondo político. Estos líderes pandilleros, además de criminales, son testigos clave del pacto secreto entre el gobierno de Bukele y la MS-13.
El gobierno estadounidense está al tanto de ese pacto desde, al menos, 2020, cuando Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director del sistema penitenciario salvadoreño, se presentó en la embajada de Estados Unidos en San Salvador y confesó su “incomodidad” con las reuniones entre funcionarios del gobierno y cabecillas de la pandilla. Mostró registros de visitas clandestinas a las cárceles, admitió haber acompañado a uno de los líderes y pidió asilo “de lujo” a cambio de testificar. No aceptaron la oferta porque sospechaban que Luna estaba más involucrado en esas ilegalidades de lo que decía. Un año después, en efecto, el Departamento del Tesoro sancionó a Luna y a otro alto funcionario por ofrecer a los líderes de la MS-13 dinero, celulares y prostitutas en prisión, a cambio de apoyo político y reducción de homicidios.
Trump, lejos de destruir a la pandilla como prometió, ha convertido a sus líderes en fichas de negociación. A cambio de que Bukele acepte en su cárcel de máxima seguridad a cientos de migrantes deportados –en muchos casos, sin debido proceso y detenidos de manera arbitraria–, el gobierno estadounidense ha empezado a devolver a los principales jefes de la MS-13, desbaratando así investigaciones federales que llevaban años en curso. No hay forma de justificar esto. Es un pacto político encubierto que daña la justicia y favorece la impunidad.
Bukele no es un ejemplo de liderazgo democrático ni un adalid de la seguridad. Es, en el mejor de los casos, un caudillo autoritario que negoció con asesinos para consolidar su poder y que construyó su imagen sobre una farsa. Y es, en el peor, un actor central de una red criminal protegida ahora desde Washington.
No se trata de defender a las pandillas. Se trata de defender el Estado de derecho. La justicia no puede estar supeditada a los cálculos geopolíticos ni a las ambiciones de quienes creen que todo se vale con tal de mostrarse “duros”. El periodismo de El Faro y las revelaciones del New York Times nos recuerdan que detrás del espectáculo hay acuerdos mafiosos, corrupción e instituciones debilitadas. Lo que Bukele ha construido no es un modelo a seguir.
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