Carlos Ramón González siente que se está cometiendo una injusticia en su contra. Así lo dijo en la última audiencia donde el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que debía regresar al país y estar recluido mientras avanza la investigación en su contra. Si bien es cierto que tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, lo que no es comprensible es su insistencia en permanecer fuera del país y no responder ante la institucionalidad que hace unos meses decía representar. Todos los involucrados en las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) están en Colombia respondiendo a sus obligaciones judiciales; no hay motivos para que González sea la excepción.
Una medida de aseguramiento no es una condena, se trata de una herramienta procesal para garantizar que no haya burlas a la justicia. El magistrado Leonel Rogeles dijo sobre González que, “debido a su constante ingreso y salida del territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio (...) El implicado no cuenta con arraigo actualizado y, al parecer, se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecencia”. La fiscal María Cristina Patiño también argumentó que “es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena”. Todos esos motivos, sumados al hecho de que González no se ha presentado en persona a ninguna audiencia, justifican la medida.
Eso no significa que el proceso esté terminado. González está acusado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. La Fiscalía también dice que incurrió en lavado de activos. Simplificando un caso con muchas aristas, la tesis del ente acusador es que González fue el determinador de unas coimas entregadas a Iván Name y Andrés Calle, presidentes en ese momento del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos congresistas ya están cumpliendo una medida de aseguramiento similar y por el caso de los carrotanques ya hay varias condenas y otros procesos en curso.
González es particularmente importante porque fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia y director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Como mano derecha del presidente Gustavo Petro, si se comprueba su participación en el entramado de corrupción implicaría la responsabilidad del Gobierno, así como de su partido, la Alianza Verde. Precisamente por los cargos que ostentó es que resulta difícil entender su discurso de una persecución política. “Me siento ante una tremenda injusticia”, dijo en la última audiencia, y agregó: “¡Ah no! Captúrenlo por sospecha, así como cuando el marido le casca a la mujer, ¿por qué me cascó? Por sospecha. Ese no puede ser un Estado garantista”. Pero sí ha recibido todas las garantías y está ante una Fiscalía dirigida por una persona nominada por su gobierno.El mismo Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, dijo que “González no sólo ha estado en altísimos cargos de este gobierno, también ha sido presidente de un partido que ha tenido incluso la alcaldía de Bogotá, no puede andar prófugo de la justicia como cualquier rufián”. Estamos de acuerdo. El primer paso para defender su inocencia es mostrar respeto por las instituciones y el proceso judicial.
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