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Hace un par de semanas el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una promesa en forma de petición. “Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo”, escribió en su cuenta de X. Lo hacía en respuesta al paro armado decretado por el ELN, pero la lectura más general era un voto de confianza a las autoridades nacionales para mantener el control y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, al igual que como empezó este año, una zona del país no tuvo paz y el miedo fue la norma: Catatumbo sigue pidiendo a gritos una intervención efectiva. Nada ha sido suficiente.
La Casa de Nariño haría bien en leer la entrevista que Colombia+20 de El Espectador le realizó a Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander. En su testimonio se puede leer la frustración, el cansancio y la impotencia. “Cuando el Gobierno Nacional viene, habla de la guerra que hubo de enero a marzo, pero resulta que la situación ha sido permanente, a tal punto de que hoy, 11 meses después de esa guerra, tenemos enfrentamientos en toda la zona”, explicó. Además, denunció que hubo más de 252 personas desplazadas en los últimos días: “La mayoría llegó a Tibú en la noche del 24 y la noche del 25, pero como ese municipio está en la zona de conflicto, pues no van a estar tan seguros. Entonces, ya se están desplazando a Cúcuta”. Advirtió que las Fuerzas Armadas solo garantizan que las carreteras estén despejadas para poder huir y que el reclutamiento forzado de menores de edad está por los cielos: “Con tantos combates y muertos se necesita mano de obra, y esa mano de obra la sacan de los muchachos, niños y niñas, incluso indígenas”.
Sí, la crisis en Catatumbo, que desencadenó un Estado de conmoción interior tumbado por la Corte Constitucional por falta de rigor del Gobierno, continúa cobrando vidas y sembrando terror. Los culpables son el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, con el que el Gobierno Nacional mantiene diálogos de paz. Los ataques letales entre ambos grupos criminales por control de un territorio clave para el narcotráfico y el contrabando tienen a la población en riesgo de confinamiento. No solo pasó en Navidad. Según la organización Vivamos Humanos, 87.000 personas fueron desplazadas entre entero y noviembre. El Gobierno Nacional ha seguido llevando a cabo consejos de seguridad, pero es evidente que la situación sigue fuera de sus manos.
El comunicado de la delegación negociadora del Gobierno es blando. Además de explicar que la paz no depende únicamente del Gobierno y de un diálogo particular, escribieron en un comunicado que “la paz requiere ser construida por todos los actores involucrados, con la convicción de que el diálogo fortalece la democracia y de que la violencia no puede tener lugar en el esfuerzo colectivo por vivir con tranquilidad”. Sin embargo, mientras los procesos de “paz total” siguen sin resultados y en la opacidad, las personas sufren. En Catatumbo, a pesar de las promesas del presidente, sigue mandando el miedo.
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