Censura a las encuestas

Son varios los problemas que enfrentan las encuestadoras. Tal vez el principal se refiere a los costos exorbitantes que exigen los nuevos requisitos creados por el Congreso.

Para todos los efectos prácticos, el Congreso de la República terminó silenciando la abrumadora mayoría de encuestas de intención de voto en Colombia. Como lo sospechamos en su momento, la nueva ley que creó limitaciones para la realización y publicación de encuestas en el país no solamente sirvió para que durante meses no se pudiera mediar cómo estaba la temperatura política, sino que ahora la mayoría de los colombianos tienen una herramienta menos para tomar sus decisiones. La queja de las distintas encuestadoras por la dificultad para cumplir con los requisitos muestra que debe hacerse algo pronto, aunque el daño ya parece estar hecho para las presentes elecciones.

En principio, la iniciativa, propuesta por Paloma Valencia (Centro Democrático), Clara López (Pacto Histórico) y Angélica Lozano (Alianza Verde), tenía un fin loable. En esencia, buscaba que las encuestas no se prestaran a manipulaciones, que hubiera mayores garantías de idoneidad técnica en su realización y que los colombianos tuvieran mejor información. Sin embargo, el efecto ha sido todo lo contrario. Al hacer virtualmente imposible la realización y publicación de encuestas públicas, pasamos de un ecosistema donde había múltiples fuentes de información a un abrumador silencio que es interrumpido cada tanto por una que otra medición. Si bien las encuestas del pasado tenían cuestionamientos, la solución planteada por la Rama Legislativa terminó siendo peor.

Son varios los problemas que enfrentan las encuestadoras. Tal vez el principal se refiere a los costos exorbitantes que exigen los nuevos requisitos creados por el Congreso. Las fallas técnicas de la ley hacen que se agrupen regiones de manera incoherente y exigen que se lleven a cabo mediciones en lugares dispersos del territorio nacional. Eso significa, en la práctica, que publicar cualquier encuesta de intención de voto presidencial es prohibitivamente caro. ¿Qué incentivo tienen las encuestadoras, entonces, de hacerlo como servicio público? No hay medios de comunicación, tampoco, que estén en posición de cubrir con esas fallas de financiación.

Entonces, el Congreso llevó a la privatización de las encuestas. Solo los candidatos y partidos con bolsillos hondos pueden pagar las mediciones y tomar decisiones informadas con datos estadísticos. Mientras tanto, los colombianos, que han utilizado históricamente las encuestas como mecanismo para ajustar estratégicamente sus votos, perdieron esa herramienta. ¿Será que eso buscaban los congresistas? Invocaron el interés público, pero terminaron beneficiando a unos pocos privados.

Por cierto, hablando de quienes impulsaron el proyecto, han pasado de agache en sus efectos. Se lavaron las manos y dejaron que esta nueva realidad electoral se imponga sobre el país. Es necesario que le expliquen al país su lectura de lo ocurrido y, si es el caso, que propongan cómo mejorarlo. Nunca es tarde para reconocer errores y proponer planes de enmienda, especialmente porque la estrategia más viable para corregir la situación es otro proyecto de ley que escuche a todos los actores involucrados y reforme la normativa vigente. Ya en esta legislatura, tememos, no ocurrirá, lo que significa que las elecciones del año entrante ocurrirán en un contexto enrarecido por la falta de información.

La democracia necesita transparencia, y eso implica que las personas tengan la mayor cantidad de información disponible para tomar decisiones. No comprendemos por qué el Congreso se siente tranquilo habiendo censurado en la práctica las encuestas en Colombia.

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