Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La tutela negada contra Bernardo Moreno parece ser el cierre de uno de los casos más dolorosos en la historia reciente del país. El otrora secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe y también director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) queda, entonces, con una condena en firme en su contra por utilizar su cargo para intentar sobornar a una congresistay ayudar en el trámite de la reelección de Uribe. Aunque Moreno utilizó la tutela como último recurso para intentar cambiar el resultado de las decisiones judiciales en su contra, una votación unánime de ocho votos en la Corte Constitucional la encontró improcedente. Todas las sentencias judiciales sobre este caso demuestran que hubo un entramado en la Casa de Nariño para traicionar la Constitución y al país.
Moreno ha estado en el corazón de varios de los escándalos más dolorosos de la administración Uribe. En este en particular fue encontrado culpable de utilizar el Dapre para repartir contratos y gestionar nombramientos que tuvieran contenta a la entonces congresista Yidis Medina. Ella, como el país se enteraría un tiempo después, fue una pieza esencial en el intento de comprar votos para permitir la segunda reelección del entonces presidente Uribe. Solo hasta octubre de 2023 Moreno fue condenado por tráfico de influencias en servidor público. En 2024 la decisión fue confirmada por un tribunal y en febrero de 2025 también fue ratificada en segunda instancia. Por eso fue condenado a pagar una multa y se le prohibió ejercer cargos públicos durante 82 meses. Recibió una pena de cinco años y cinco meses que está pagando en prisión domiciliaria.
En enero de este año, el Consejo de Estado también responsabilizó a Moreno por otro de sus escándalos: utilizó su posición de poder para acceder a información reservada sobre viajes y actividades de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este caso ocurrió en el marco de las “chuzadas del DAS”, donde el departamento de inteligencia fue instrumentalizado para construir reportes de servidores públicos que incomodaban a la Casa de Nariño. Por estos hechos, el Consejo ordenó que Moreno pague más de COP 354 millones.
Es fundamental seguir hablando de estos casos por varias razones. La primera es que tanto Moreno como miembros del uribismo han insistido en todos los espacios judiciales que esto se trata de una persecución y han negado los hechos que han sido probados ante los estrados. Las sentencias ratificadas contra quien fue uno de los miembros más importantes de la Casa de Nariño durante la administración Uribe otorgan al país un sentido de verdad judicial, así como la muestra de que las denuncias periodísticas y de activistas en su momento estaban justificadas. Por más que el condenado se siga victimizando, el debido proceso se garantizó y los procesos judiciales han logrado a explicarle a Colombia qué ocurrió.
La segunda es que mucha de la memoria de los años de la administración Uribe sigue siendo un campo minado que causa polémica, polarización y está pendiente de exponer muchas verdades. El actuar de los jueces, aunque tardío, trae algo de luz a lo ocurrido. Estamos en presencia de delitos gravísimos. Usar el Dapre, con los recursos de todos los colombianos, para torcer la voluntad del Congreso es un acto despreciable de corrupción. Valerse de la inteligencia estatal para perfilar servidores públicos, periodistas, activistas y políticos opositores solo porque la Casa de Nariño los ve como una “amenaza” es un peligrosísimo abuso de poder. No podía dejarse en la impunidad.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
