Hace una semana se conoció la firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para crear una zona binacional fronteriza. Esto generó una reacción adversa por lo confuso de la información y porque el anuncio lo hubiera hecho Nicolás Maduro. La idea amerita ser evaluada de manera serena para conocer sus pros y sus contras. Es esencial conciliar el interés nacional con los intereses de los habitantes de la frontera, sin detrimento de nuestra soberanía.
La frontera binacional tiene 2.219 kilómetros, reviste una gran actividad, y ha sido de especial importancia para los dos países. Por allí pasa el intercambio comercial y hay una numerosa población, a lado y lado, que podría beneficiarse enormemente de una propuesta bien estructurada que atienda a sus necesidades. Además, allí también operan grupos armados irregulares, ha florecido el contrabando y el comercio ilícito de gasolina, insumos para la producción de cocaína, así como el secuestro y la minería ilegal. El reconocido escritor venezolano Arturo Uslar Pietri la denominó como el Tercer País que hay entre Colombia y Venezuela con varios millones de habitantes.
Infortunadamente, como ha sucedido antes, hechos que tienen implicaciones profundas para el país no han sido socializados ni discutidos con los actores involucrados. Se sabe que se crearía una “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional Especial”, sobre lo cual no fueron consultadas previamente las autoridades fronterizas, ni la mayoría de los gremios económicos, y faltaría saber lo correspondiente a las fuerzas armadas. La Zona incluye los estados de Zulia y Táchira, así como los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Cesar. Sus necesidades son muchas y la integración es prioridad. Hacer las cosas a las carreras, faltando un año de gobierno, sin una hoja de ruta clara y con efectos cortoplacistas, dadas las elecciones del año entrante, le hacen un flaco favor a un proceso que amerita un plan oficial consensuado. ¿Existen, al respecto, estudios sobre lo que implica la creación de esta zona, con todas sus variables económicas, sociales, políticas y de soberanía?
Sin entrar en las consideraciones de fondo, hay un problema de forma que puede tener consecuencias jurídicas adversas para el Gobierno. Por parte de Colombia suscribió el Memorando la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. Según se ha conocido, la ministra podría haber suscrito un Acuerdo Interinstitucional sobre temas de su competencia, sin requerir una autorización expresa del presidente o de la canciller (e). El documento, así sea solo un acuerdo de voluntades, incluye temas complejos como la paz en la región, un aparente patrullaje conjunto en la zona fronteriza, y muy sensibles como aspectos pendientes de delimitación fronteriza que podrían implicar cesión de soberanía. Por esto, ella habría extralimitado su potestad y no podría haber actuado sin una autorización expresa, plasmada en un documento tramitado por la Cancillería, y con la firma del presidente Petro y la canciller (e).
Maduro, tras la firma, dijo: “Vamos a incrementar las inversiones binacionales y las inversiones internacionales; los chinos, los indios, los rusos y los turcos están interesados. Además, vamos a combatir junto a las fuerzas militares y policiales de Colombia a las mafias”. ¿Está el Gobierno de acuerdo con estas afirmaciones? En su cuenta de X, el presidente Petro dijo que “ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela, ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia”.
Al respecto valdría la pena aclarar, de una vez por todas, si al final se reconoce o no al autócrata del país vecino, justo un año después del monumental fraude en las elecciones presidenciales venezolanas. No se puede improvisar tanto en detrimento de la gente de la frontera.
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