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Vivimos los colombianos con la sensación creciente de que el país se nos está desmoronando desde las regiones, hoy a merced de grupos criminales, economías ilegales y poderes regionales. Mientras tanto, en pleno proceso electoral, apenas si se escuchan promesas de soluciones mágicas dictadas desde la suficiencia. Porque ciertamente la periferia colombiana está bajo asedio y porque tales soluciones mágicas no existen, el pasado fin de semana se reunió en Honda (Tolima) –a instancias de la Fundación Acordemos y de El Espectador– medio centenar de personas diversas, plurales y representativas a analizar y bosquejar una agenda de solución a este problema territorial que debe estar en el centro de la discusión y de los programas de gobierno sobre los que tendremos que definir nuestro futuro este año.
Mientras se articulan conclusiones más elaboradas que iremos compartiendo, algunos puntos centrales se pueden resaltar de estos dos días de conversaciones. Por ejemplo, el que ha planteado, y repitió en Honda, el premio Nobel de Economía James Robinson sobre la relación de corte extractivista entre las élites políticas y económicas del centro y los poderes regionales, que resulta de mutuo beneficio. Simplificando al máximo, la prolongación del “statu quo” es garantía de éxito y, ante esa “relación simbiótica”, cualquier desarrollo inclusivo posible se estrella contra un muro impenetrable. No se trata de un marco teórico; mandatarios locales y líderes sociales en zonas de conflicto presentes en el encuentro ilustraron con ejemplos prácticos la imposibilidad de romper esas lógicas perversas que imponen los poderes locales, legales e ilegales. Solo una construcción desde las regiones y sus pobladores puede romper ese cómodo círculo vicioso del poder, lo cual solo muestra que el arreglo institucional actual en términos de representación política necesita un revolcón para que puedan gestarse procesos sólidos y replicables. Y, sobre todo, procesos que se correspondan con una visión regional y no atados al esquema político-administrativo actual. Por eso el ordenamiento territorial que plantea nuestra Constitución ha sido imposible de desarrollar en ya casi 35 años. Por eso también, el punto 1 del Acuerdo de Paz con las FARC, y en particular sus 16 planes nacionales, ya casi diez años después de la firma no ha sido implementado. O, para ir a la coyuntura, por eso se anuncia desde ya el fracaso de una ley de competencias en trámite en el Congreso, concebida bajo el mismo ropaje de unas transferencias uniformes para todo el país con porcentajes que no contemplan las necesidades diferenciales regionales. Una nueva promesa de avance en la descentralización que de seguir igual terminará frustrada y solo nos dejará un problema fiscal inabordable.
El desarreglo de esta relación del Estado y el poder central con las regiones es enorme y las soluciones no son sencillas. Como dijo el mismo Robinson, empero, cuando Colombia ha tenido una visión compartida –tal vez el concepto más repetido durante el encuentro–, ha podido superar obstáculos tan o más complejos que los actuales. Experiencias de convergencia en las regiones forjadas desde comunidades aglutinadas alrededor de liderazgos jóvenes que no se dejan derrumbar ante los problemas dieron impresionantes señales de optimismo. Difíciles de replicar a gran escala, sí, pero indicadoras de que es posible concertar y generar procesos exitosos.
Ante un problema complejo, con puntos definitivos para atacar y con una agenda clara por afinar, resulta inaudito que este tema no esté en los primeros niveles de discusión nacional de cara a la elección de un nuevo Congreso y de un nuevo gobierno nacional. Hoy, candidatos y Gobierno se aprovechan del “statu quo” para mantener o recuperar el poder y continuar extrayendo beneficios propios. Si no hacemos nada, seguiremos viendo cómo el país se desmorona desde las regiones. Construyamos más bien entre todos esa agenda compartida de país desde las regiones para beneficio general. Para lo cual no sobra recordar que existen unas bases en el Acuerdo de Paz, cuya implementación es además una obligación constitucional.
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