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En su discurso ante el Senado de la República, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, dijo algo llamativo: “señoras y señores, ustedes son el juez que decide si la democracia continúa con firmeza en Colombia; y como todo juez, ante la menor duda de la afectación de ese bien supremo, está llamado a actuar con cautela, con recelo”, dijo. Luego agregó, en reconocimiento al Congreso, que “en este recinto sagrado de la democracia se ha dado un proceso transparente y ejemplar... ese proceso de elección fue vivido con altura”. Ya sea por falta de introspección, por simple retórica o por carencia de criterio, el nuevo togado tendrá que agudizar mucho su visión de la realidad si va a estar a la altura de lo que los colombianos esperan del tribunal constitucional. Lo que el país entero vio en su elección, más allá de los ruidos de los directos interesados y de los aspavientos del presidente de la República, fue un pulso político lleno de argumentos falaces y de prácticas que enlodan la reputación de las instituciones.
No se entiende, por ejemplo, por qué el Senado negó ocho recusaciones de senadores que fueron beneficiados por contratos otorgados por Camargo cuando era defensor del Pueblo. En esa misma línea, es incomprensible el actuar de la Corte Suprema de Justicia, que lo ternó a pesar de contar con la votación de nueve magistrados cuyas personas cercanas se beneficiaron de la contratación pública del entonces defensor. Una investigación de La Silla Vacía documentó cómo la Defensoría del ahora magistrado se utilizó para beneficiar a quienes lo nominaron y lo eligieron. En El Espectador también comentamos en su momento cómo esa práctica, aunque no necesariamente ilegal, sí despierta muchas dudas. También trae el eco de una figura con mala recordación al respecto: Alejandro Ordóñez.
El entonces procurador vio su elección anulada por el Consejo de Estado precisamente porque nombró en cargos del Ministerio Público a personas relacionadas con sus electores. Esa dinámica del “yo te nombro, tú me nominas y me eliges” deja la sensación de que el servicio público es un espacio exclusivo para quienes están cerca al poder; que los méritos no son tan relevantes como las conexiones. El magistrado Camargo debe saber que llega a la Corte Constitucional con ese lastre, con el desprestigio del Congreso y con serias preguntas sobre la estrategia que utilizó para aterrizar en su nuevo cargo. Por todo esto es tan extraño que haya hablado de “altura” y de riesgos para la democracia. Esperamos de un juez que tenga mayor criterio y visión crítica, incluso de sus propios sesgos.
Ahora, Camargo no es el primero ni será el último en llegar a ese puesto con preguntas en torno a su independencia. Así que es importante que recuerde que su labor, ahora, es representar a la Corte Constitucional, caracterizada por su autonomía. A pesar de haber sido elegido por el Senado, su lealtad no es con los congresistas, sino con el pueblo colombiano y, sobre todo, con la Constitución. No será premiado por ser una figura antigobiernista, como muchos de sus electores y defensores hoy lo celebran, sino porque cumpla una labor juiciosa y desapasionada en cada tema que estudie, en cada decisión de la que haga parte. Las instituciones recuperan la confianza de las personas por su actuar riguroso y transparente. Esa es su responsabilidad y el reto que el nuevo magistrado tiene por delante.
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