Mientras la mesa de concertación del salario mínimo avanza en sus reuniones, una pregunta por responder apunta al corazón del debate: ¿el Gobierno Nacional llegó a los diálogos con una decisión ya tomada? Entre mensajes cruzados y presiones de los sindicatos, la Casa de Nariño, en abierta campaña política, puede estar interesada en mostrar que, además de la reforma laboral, dejará un aumento robusto del salario mínimo. El problema es que desoír las preocupaciones de los gremios y del Banco de la República puede seguir afectando las finanzas del Estado y terminar perjudicando directamente a los trabajadores que el Gobierno busca proteger.
La mesa de concertación empezó con polémica. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que no participaría. Su presidente, Jaime Cabal, habló en términos vehementes y preocupantes: “Consideramos que es una payasada prestarse a asistir cuando el Gobierno sabe lo que quiere hacer y tiene definida su carta populista”. Ese lenguaje hostil entre el empresariado y el Gobierno ha permeado las conversaciones laborales de los últimos años. Sin embargo, para apoyar la posición de Cabal, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un video también antes de empezar los diálogos, en el que dijo: “voy a hablar como alguien que siempre ha estado del lado de la clase trabajadora, no como ministro. Mi amigo (Antonio) Sanguino se va a molestar, pero el salario mínimo debe subir en dos dígitos”. Como si el líder de la política de la Casa de Nariño pudiera simplemente quitarse la camiseta de ministro y hacer ese tipo de declaraciones. Sanguino, el ministro de Trabajo, ha sido más prudente, pero si se le suman a todo esto las declaraciones del presidente Petro es fácil entender la desconfianza de los gremios.
Para sustentar un incremento de dos dígitos, el Gobierno argumenta que el desempleo está en niveles históricamente bajos, lo que es cierto. También dirá que ha logrado mantener estable la inflación y que incluso los modelos de predicciones de crecimiento de la economía nacional muestran señales de mejora. Eso es verdad, pero solo pinta parte de la ecuación. Aunque el desempleo se ha reducido, el empleo informal sigue mandando la parada. Después de la aprobación de una reforma laboral garantista, pero que aumenta los costos de contratación, hay preocupación sobre lo que eso significa en términos de incentivos para la economía formal. La inflación está estancada en 5,51 %, pero la cifra sigue siendo alta y lleva meses sin reducirse, lo que tiene las alarmas prendidas en el Banco de la República. Aunque la administración Petro ha hecho un trabajo de desindexación de precios con el salario mínimo, muchos otros siguen dependiendo de ese incremento. Esa es una fórmula para el desastre.
En una carta firmada por expertos, entre los que se cuentan exministros como José Antonio Ocampo, Luis Fernando Alarcón o Rudolf Hommes, advirtieron que un aumento desmedido del mínimo lleva a “mayor informalidad y presiones a los precios, afectando en mayor medida a la población de menores ingresos”. También advierten que el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 supuso un incremento del salario mínimo del 7,1 %, lo que significa que cada punto porcentual adicional significará COP 240.000 millones en pensiones a cargo del Estado, además de otros gastos para un presupuesto que de por sí está financiado.
Llamamos, entonces, a que la concertación sea precisamente eso: un diálogo que ayude a balancear intereses. No pensando en las elecciones o en golpes de opinión, sino en la estabilidad del país. Por los trabajadores, y por las empresas, es necesario un aumento razonable. ¿Está el Gobierno dispuesto a conversar?
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