Si algo queda claro después de las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol es que el gobierno de Gustavo Petro ha intentado y fracasado rotundamente en traer al país a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Más allá de las explicaciones puntuales sobre las grabaciones que se filtraron y las reuniones clandestinas que se llevaron a cabo con la defensa del “zar del contrabando” e incluso con el delincuente en Europa, la pregunta es por qué la Casa de Nariño no ha impulsado más bien diálogos de alto nivel con Portugal para garantizar su extradición, así como tampoco lo hizo en su momento con España. Son necesarias explicaciones y acciones más contundentes que las dadas hasta ahora a la opinión pública.
En el informe de Noticias Caracol se escuchan apartes de una reunión que Jorge Alberto Lemus, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sostuvo con el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor de “Papá Pitufo”. En ellos se escucha calidez entre ambos, con intentos múltiples de Lemus por persuadir a Ramírez de traer de vuelta al contrabandista a Colombia. En un momento, el ahora exdirector de Inteligencia ofrece protección: “Lo de seguridad, si el hombre decide venir, le garantizamos el bajo perfil, le garantizamos seguridad, que no lo vayan a joder. La garantía de que la Fiscalía pues se porte verdaderamente…”. Mientras tanto, Ramírez hace énfasis en que no han podido creerle las promesas al Gobierno: “Yo con todo respeto se lo digo, doctor (...) acá estamos en un tema en el que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza”.
Dentro de las frases más explosivas de los audios está cuando Ramírez menciona que tiene información que podría afectar directamente al gobierno de Gustavo Petro. Además de mencionar con extrañeza que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, haya dicho públicamente que “Papá Pitufo” intentó ingresar COP 500 millones a la campaña presidencial, le explicó a Lemus que la idea no es hacerle daño a la Casa de Nariño: “Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”.
En respuesta a la publicación de Caracol, Presidencia dijo que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia” y que “varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades”. Por su parte, Lemus señaló que “el Ejecutivo puede hacer contactos con el defensor de un criminal”, e insistió en que fue él quien pidió grabar la reunión para que no hubiese dudas sobre lo que se dijo. En efecto, hasta ahora, de lo que se ha conocido no hay motivos para creer que hubo un encuentro ilegal.
Lo que sí es cuestionable, y queda en evidencia en los audios, es la manera poco transparente como la administración Petro promueve contactos con “Papá Pitufo” eludiendo el rol de la justicia o incluso sustituyéndolo. ¿Por qué enviar a emisarios, que además al parecer salieron corruptos, cuando podrían entablarse diálogos de alto nivel, primero con España y ahora con Portugal? ¿Acaso la diplomacia colombiana no tiene mecanismos para demostrar por qué el “zar del contrabando” no merece recibir asilo en un país que es aliado nuestro? Y, a propósito de los COP 500 millones, ¿por qué el Gobierno no ha publicado el video de la supuesta devolución de esos dineros? Ahora se habla de que eso se convirtió en otro espacio de extorsión. ¿Y dónde está la responsabilidad? ¿Por qué se siente tan impotente la Casa de Nariño? ¿O es, más bien, desidia? Necesitamos que “Papá Pitufo” regrese a Colombia y cuente todo lo que sabe, incluso si eso involucra a miembros de la administración actual.
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