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En varias ocasiones, en particular durante los dos últimos años del Gobierno de Gustavo Petro, advertimos que el problema fiscal sólo estaba pateándose hacia el futuro, evitando atender los problemas estructurales y sin dimensionar el preocupante tamaño del reto. Bien, ya estamos en el futuro y, en efecto, el desastre es más grande de lo que quieren admitir los miembros de la pasada administración. La propuesta de Presupuesto General de la Nación presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella es COP 59,2 billones más que lo que había pedido el Ministerio de Hacienda de Gustavo Petro. La mayoría de ese aumento se debe a gastos que no se estaban calculando apropiadamente. Ante la crudeza de los números, ¿está listo el presidente De la Espriella a tomar medidas impopulares pero urgentes?
Al presentar el nuevo presupuesto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que se trataba de un “sinceramiento” de las cuentas. En esencia, el argumento del Gobierno De la Espriella es que hubo varios rubros que no se estaban midiendo adecuadamente. Hablamos de COP 6,5 billones para pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para pagar el aumento de los sueldos de funcionarios, COP 700.000 millones para cumplir la ley de aumento presupuestal a universidades públicas, COP 9,6 billones para el hueco todavía existente en el fondo de subsidio a los combustibles y COP 37 billones para pagar la deuda pública. Todos esos montos son adicionales a lo que había pedido el Gobierno pasado y no implican un aumento en la planta de contratistas ni en gastos discrecionales de la nueva administración.
Cuando se habla de tantos billones de pesos, es dificil comprender la magnitud del problema. Hay, no obstante, una cifra que nos permite dimensionarlo. Si el Estado colombiano siguiera gastando así, en 2027 el déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB, dos puntos porcentuales por encima de lo que alcanzó en 2020, justo en plena pandemia. No tiene ningún sentido que sigamos gastando como si estuviésemos enfrentando una situación de crisis extraordinaria como lo fue aquella. Por eso, celebramos el “sinceramiento” del Ministerio de Hacienda. Era una medida necesaria, después de tanta hostilidad de la administración pasada que nunca quiso reconocer que estaba gastando de manera desaforada.
Ahora quedan tres interrogantes: ¿qué hará el Congreso con esta propuesta, cómo se implementará el plan de recortes y de qué forma iremos más allá de lo que ya se ha propuesto? El ministro Gómez anunció un plan de recorte de casi COP 22 billones y varios expertos han señalado que la propuesta de Presupuesto tiene espacios de maniobra para reducir aún más lo que se tiene que pagar. Por ejemplo, el Gobierno debe utilizar los mecanismos a su disposición para renegociar las deudas y reducir los pagos que tiene que hacer. Sin embargo, no será suficiente. Y ante el riesgo de que los congresistas busquen, como suelen hacerlo, meter sus “micos” e intereses individuales en la ley, ¿está listo el presidente para quemar capital político e insistir en la austeridad?
Independientemente de ese debate, hay una realidad que no se ha querido decir en voz alta: vamos a necesitar más impuestos. El recaudo necesita aumentar y este Gobierno llegó al poder, sin embargo, con la promesa de reducir la carga impositiva. ¿Cómo va a sortear esa contradicción? El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, ya admitió en el Congreso que el Estado no tiene suficientes recursos para enfrentar la emergencia del terremoto. Si a eso le agregamos lo que viene con el fenómeno de El Niño, más el hueco fiscal, las sumas no dan el resultado que espera la Casa de Nariño. Es buen momento para una reforma estructural al estatuto tributario que simplifique procesos, acabe redundancias y, sí, que aumente la cantidad de aportantes. Si no, seguiremos contando centavos cada año cuando se presenta el presupuesto estatal.
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