No hay justificación para la declaratoria de emergencia económica que hizo el Gobierno de Gustavo Petro. El artículo 215 de la Constitución pide que sean hechos sobrevinientes que amenacen “en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”. A pesar de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha lanzado varios argumentos buscando sustentar la solicitud de emergencia, no estamos ante algo imprevisible y tampoco parece haber interés alguno en aplicar recortes para obtener los 16 billones de pesos que buscan recaudar.
La argumentación del Gobierno ha intentado ir por muchas partes. En su cuenta de X, el presidente Petro lanzo su postura, diciendo que la negativa dos veces de la ley de financiamiento, sumada a las tasas altas de interés del Banco de la República, “desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda”. Si la Corte Constitucional no aprueba el decreto, “entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con un crisis económica grave; no es amenaza sino simple economía de primer semestre”, dijo el presidente.
Por su parte, el ministro Ávila agregó que los ataques recientes a la fuerza pública muestran que estamos ante una “seria situación de seguridad nacional”. Por todo esto, el Gobierno quiere la emergencia para implementar nuevos impuestos. Entre los anunciados está una sobretasa adicional al impuesto a la renta del sector financiero e impuestos progresivos para las personas con patrimonios más grandes. La Corte Constitucional, por su parte, anuncio que no puede revisar el decreto hasta que termine la vacancia judicial, lo que significa que las medidas de la Casa de Nariño empezarán a surtir efectos prácticos sobre los colombianos.
El Gobierno tiene razón en algo: es extraño que el Congreso de la República haya probado un Presupuesto General de la Nación donde se prometía una ley de financiamiento y después decidió hundir esa ley, lo que deja desfinanciado el ordenamiento del gasto. Hay una irresponsabilidad de los congresistas que no se tomaron en serio las necesidades de financiación del Estado colombiano y prefirieron hacer oposición en vísperas electorales. Sin embargo, decir que por esa negativa estamos en una crisis implica que entonces la rama Legislativa siempre tiene que hacer lo que desea la Casa de Nariño. La autonomía de los legisladores incluye que se puedan contradecir o cambiar de opinión, como pasó en este caso.
Además, por más vueltas retóricas, los hechos no son sobrevinientes. Hace meses sabíamos que la ley de financiamiento tenía mucha dificultad para ser aprobada. En cuanto a las tasas del Banco de la República, la posición prudente del emisor también es ampliamente conocida. Al Gobierno nacional le vienen advirtiendo hace años sobre la necesidad de modificar su gasto para responder a la falta de recursos. Nada de eso es extraordinario. Más que una emergencia, muestra un fracaso político.
En toda esta discusión, ¿por qué la Casa de Nariño no tiene un plan alternativo de recorte para no tener que gastarse esos 16 billones de pesos que busca? Es lo que les pasa a los colombianos cuando no hay suficientes recursos. En tiempos de vacas flacas, lo razonable es modificar los presupuestos, no utilizar poderes extraordinarios sin cumplir los requisitos de la Constitución.
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