Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acabar con la Jurisdicción especial para la paz (JEP) es una propuesta que aparece con cada vez más frecuencia en las campañas electorales. Los candidatos prometen a bocajarro desmontarla, reducirla, eliminarla “de un plumazo”, como dijo recientemente un aspirante, o reemplazarla por algo que nadie termina de explicar con claridad. ¿Cuál es exactamente el miedo a la JEP?
Las críticas a la Jurisdicción que se creó con el Acuerdo de Paz 2016 son conocidas y algunas comprensibles. Hay víctimas y organizaciones que consideran que sus procesos han sido lentos o insuficientes, dado que el sentido de sus sanciones es restaurativo y reparador, y no centrado en el castigo carcelario.
Las otras críticas afirman que los procesos avanzan con lentitud -aunque no se tiene en cuenta que hay que investigar casi 60 años de conflicto- y otras más apuntan o que la JEP ha sido “más dura” con los militares sometidos a ese tribunal que con los miembros de las antiguas FARC.
Debates legítimos, pero que se pueden argumentar con hechos. Ocho años después de su creación la JEP es mucho más que una promesa del Acuerdo de Paz, y hoy es una institución que sí ha producido no solo decisiones judiciales, sino hallazgos forenses, reconocimiento de verdades y de responsabilidades de hechos por años ocultos al país, ha revelado entramados de los que apenas teníamos conocimientos y, más importante que todo ello, ha hecho un amplio ejercicio de escucha para miles de víctimas que nos ha mostrado el rostro de la guerra que vivimos durante poco más de seis décadas.
Pongamos sobre la mesa los valiosos intentos de paz que hemos hecho como país desde hace años y hagamos un balance sobre su aporte a la justicia. En el pasado, la mayoría de los procesos de paz terminaban en amnistías generalizadas para los miembros de grupos armados sin el esclarecimiento de los hechos perpetrados por esas estructuras. Pasó con las guerrillas liberales, con el M-19, con la desmovilización paramilitar y un poco también con la Ley de Justicia y Paz.
¿Estamos dispuestos a renunciar, a dejar ir, a desarticular un mecanismo que con todo y sus limitaciones sí ha logrado esclarecer hechos que por años permanecieron en la sombra?
Hagamos una lista breve.
Por primera vez, los integrantes del último Secretariado de las FARC tuvieron que reconocer públicamente su responsabilidad por 21.000 secuestros y fueron sancionados con ocho años de trabajos restaurativos.
Por primera vez, altos mandos militares fueron llamados a responder por las ejecuciones extrajudiciales que el país conoce como falsos positivos, y fue la JEP la que dio la cifra preliminar de 7.837 personas víctimas de ese delito. Por primera vez, el Estado cuenta con una cifra judicialmente sustentada que permitió dimensionar la magnitud de esos crímenes. Por primera vez, se estableció que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por la antigua guerrilla.
Los hallazgos de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) demostraron lo que por más 20 de años venían reclamando las mujeres de la Comuna 13 de Medellín: que sí había desaparecidos y asesinatos en La Escombrera. Van siete cuerpos encontrados en poco más de un año de trabajos.
Por supuesto, la JEP puede ser criticada. Debe ser criticada. Las víctimas tienen derecho a exigir mayor celeridad. La sociedad tiene derecho a debatir si las sanciones son suficientes. Lo que resulta más difícil de justificar es la idea de eliminarla sin explicar qué ocurrirá con los miles de comparecientes sometidos a sus decisiones, con las investigaciones en marcha y con las verdades ya establecidas.
Porque la pregunta de fondo no es qué pasará con la JEP, sino qué pasará con lo que la JEP ha descubierto y con lo que falta.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.