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En mala hora, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, cambió el tono que asumió desde su victoria electoral. Sus recientes anuncios sobre la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz fueron acompañados de irresponsables señalamientos en contra de los excombatientes de las FARC que han cumplido lo pactado con el Estado colombiano. Al hacerlo, no acerca a nuestro país a tener más justicia y sí, en cambio, pone en riesgo lo mucho que se ha avanzado desde la firma de 2016. Para garantizar sus promesas de seguridad haría bien el próximo mandatario en sentarse a dialogar con quienes están siendo perseguidos en el territorio, y aun así no han traicionado la promesa empeñada.
En una de sus alocuciones, De la Espriella recobró su lenguaje de campaña. “Se acaba el comisionado de Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, dijo en un momento. En otro, se concentró en Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko. “Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes”. También les dio la orden a sus ministros de trabajar para “desmontar, de manera inmediata, cumpliendo con la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.
Sabemos que el discurso de “paz sin impunidad” fue parte de la campaña electoral y le da réditos al presidente electo con un sector de los colombianos. Sin embargo, como futuro jefe de Estado, tiene la responsabilidad de evaluar la realidad de lo que ha ocurrido estos años. Los excombatientes han sido asesinados y aterrorizados por los grupos criminales. El antiguo secretariado ha participado en todas las audiencias de la JEP, reconocido responsabilidad y está en vísperas de empezar la ejecución de las penas en su contra. En la Constitución se encuentra lo firmado en el Teatro Colón, así como la estructura de funcionamiento de la justicia transicional. El Estado colombiano se comprometió a cumplir lo pactado con las FARC, y un presidente no puede cambiar eso. Hacerlo no solo es desconocer las normas, sino faltar a la palabra, lo que dificultaría cualquier acuerdo en el futuro. Y no solo de paz.
Si el objetivo es mejorar la seguridad para todos los colombianos, el presidente electo De la Espriella puede encontrar grandes aliados en los excombatientes. Ellos conocen los territorios en disputa, le han apostado a la institucionalidad y se la han pasado los últimos dos gobiernos suplicando que se implemente lo pactado para que haya oportunidades allí donde más se necesitan. Señalarlos y estigmatizarlos, en medio del contexto nacional, es no darse cuenta de la cantidad de actores que han buscado silenciarlos con la violencia. El presidente electo está buscando la fiebre en las sabanas con esta actitud.
La Misión de Verificación de la ONU acaba de publicar un informe donde pide “desescalar la retórica confrontacional”, dado que enfrentamos una grave crisis por las continuas “disputas entre grupos armados por el territorio y por las economías ilícitas”. La ONU dice que quiere “seguir acompañando a las autoridades y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por alcanzar una paz y una seguridad duraderas”. Por su parte, el antiguo secretariado de las FARC le envió una carta al presidente electo pidiéndole un espacio de diálogo. Es menester que acepte esas invitaciones, para que vea cómo hay una manera de superar la disyuntiva con la cooperación internacional y de las experiencias nacionales. Gobernar para todos los colombianos pasa por cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz.
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